Fue apartado de los asuntos urbanísticos del Ayuntamiento de Granada que hasta entonces eran de su competencia y fue sancionado con tres años de empleo y sueldo, mediante la apertura de un expediente que la justicia anuló más tarde. La Audiencia Provincial de Granada considera que algunas de estas decisiones, entre otras, de los anteriores responsables municipales podrían encajar en el delito de acoso laboral.

La Sala ha ordenado que se reabra este caso de posible "hostigamiento" continuado a uno de los funcionarios que han contribuido a la investigación penal de la supuesta "trama" de corrupción urbanística durante el gobierno del PP. Este letrado municipal afectado es testigo de cargo en el caso Nazarí y antes de eso ya había denunciado en varias ocasiones que había sido víctima de ese "hostigamiento" en el Consistorio, por su posición contraria a determinadas actuaciones.

La Sala reprocha al juez instructor que archivara la denuncia nada más recibirla

Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la sanción impuesta a este letrado municipal por sus superiores, M. N. S. se dirigió al Juzgado de Instrucción 2 de la capital, el mismo que investiga el caso Nazarí de supuesta corrupción municipal ( y en el que él mismo había declarado meses antes sobre actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento), para denunciar un posible acoso laboral, como acción relacionada en esa supuesta "trama" de corrupción.

La jueza que lleva este caso rechazó la vinculación y consideró que el asunto podría ser investigado como una causa independiente, de modo que la denuncia cayó en otro juzgado, el de Instrucción 5 de la capital, que en breve le dio carpetazo.

Los magistrados de la Audiencia reprochan ahora, en un auto al que ha tenido acceso Granada Hoy, que el juez que recibió el asunto lo archivara de forma casi automática, sin practicar diligencias para tratar de averiguar nada sobre los hechos denunciados, cuando en el relato hay diferentes partes que encajarían bien en los supuestos de ese tipo delictivo, a juicio de la Sala.

En particular, de todo lo que denuncia este letrado, que fue el responsable de los asuntos jurídicos de la Gerencia de Urbanismo, la Sala considera especialmente relevantes los acontecidos a partir de 2012, con la designación del jefe de la Asesoría Jurídica municipal que hizo el PP, Luis García Trevijano. El nombramiento de libre designación fue recurrido por el letrado denunciante y otro compañero. Según los hechos relatados, esto pudo desencadenar después que le abrieran el expediente sancionador, además de otras medidas que destacan especialmente los magistrados de la Audiencia.

Ponen de relieve que "como culminación del hostigamiento", nada más reincorporarse al puesto de trabajo (por haber quedado la sanción en suspenso), el denunciante sufrió también una separación física del resto de los miembros y los medios de la Asesoría Jurídica, con la única compañía de otro compañero que también había recurrido las medidas adoptadas. El auto destaca que ambos quedaron "sin apenas medios técnicos para trabajar y con sus funciones restringidas" y considera que esto puede "destruir su reputación profesional", "con el objetivo último de que abandone su puesto de trabajo o cargo por no poder soportar el estrés al que se encuentra sometido".