El Ayuntamiento de Granada va a pedir 96.008 euros a la empresa Dragados, encargada de la construcción del último edificio de Santa Adela, en el Zaidín, por el retraso que acumuló la obra. La Junta de Gobierno Local de hoy ha tratado el asunto y se ha desestimado la intención previa de imponer penalidades a la empresa por este retraso pero sí hacerlo por daños y perjuicios.

Según ha informado el concejal y portavoz del PP, César Díaz, "no procede la imposición de penalidades porque el retraso no fue por una mala planificación de la obra pero sí hacerlo por daños y perjuicios ya que el retraso por ejemplo supuso la ampliación del realojo de vecinos que no podían entrar en sus casas, con el consiguiente gasto al Consistorio". 

En los informes, el concejal aclara que el retraso se justificó por parte de la empresa por diferentes razones derivadas de la complejidad de la obra. Y hay sentencias del Tribunal Supremo que reconocen que en estos casos no es exigible una indemnización, por lo que se ha optado por el daño perjuicio.

La capital inició en enero del 2020 el procedimiento para imponer penalidades a la empresa por casi medio millón de euro. Tenían 14 meses para la demolición previa, urbanización y construcción de 128 viviendas protegidas, locales y aparcamientos dentro del programa de fomento, regeneración y renovación urbana UE3, tercera fase, primera subfase del Pepri. 

Pero el proyecto acumuló retraso de varios meses hasta un plazo de ejecución de 23 meses, lo que obligó a retrasar la entrega de las viviendas en varias ocasiones a pesar de contar con hasta 5 prórrogas de contrato.