Ahora sí. Granada ostentará en unas semanas el despreciable título de ciudad andaluza con el transporte público más caro. Lo intentó el PP en marzo de 2016 pero la irrupción del caso Nazarí y la llegada del PSOE a la Alcaldía frenaron una subida de tarifas en el transporte público que, ahora, un año después los socialistas 'copian y pegan' y la hacen propia. Los nuevos precios, que entrarán en vigor en un par de semanas elevan el coste del billete simple de 1,20 a 1,40 euros. Recargando el bonobús con 5 euros el viaje pasará a costar 87 céntimos, si se recarga con 10 euros el billete sale a 85 céntimos y si la recarga es de 20 euros el viaje se sube hasta los 83 céntimos. Hasta ahora todos los viajes utilizando el bonobús salían a 79 céntimos. El bono mensual de 41 euros mantiene su precio, así como el bono para discapacitados, mientras que el bono joven y universitario sube 4 céntimos.

15 de marzo de 2016. Paco Cuenca, portavoz del PSOE en la oposición: "el PP sigue en una huida hacia delante con medidas que solo van a empeorar la situación de un sistema de transporte público que hace aguas y que ha provocado una sangría de usuarios que a tenor de la nueva subida de precios va a incrementarse aún más".

¿Qué ha pasado en este año para que los socialistas terminen adoptando medidas del gobierno del PP? La concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, justificó ayer la medida en la sentencia del 14 de marzo del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 que da la razón a Rober tras interponer un contencioso-administrativo denunciando que en el presupuesto de 2015 el anterior equipo de gobierno del PP contempló una consignación de 6 millones menos de lo necesario para cubrir el coste del servicio de transporte público.

El equipo de gobierno del PSOE no se explica cómo teniendo el PP en sus manos la liquidación del presupuesto de 2014 con el coste real del servicio fueron capaces de presupuestar para el año siguiente 6 millones de euros menos, así que creen que en esta decisión hubo "negligencia" y "mala fe". "Quisieron cuadrar las cuentas a martillazos para dar apariencia de que el nuevo sistema de movilidad de la LAC era todo un éxito cuando los números cantaban por sí solos y la situación era otra muy diferente", apunta Raquel Ruz.

Aunque por aquel entonces el interventor advirtió de que "podía hacer falta una mayor dotación presupuestaria de la prevista", se siguió adelante en base a un informe "insostenible" del entonces coordinador de Movilidad, refrendado por la que era entonces concejal del área y con el visto bueno del entonces alcalde, José Torres Hurtado.

La actual concejal de Movilidad, Raquel Ruz, advirtió ayer que esta negligencia debe tener una "respuesta penal", así que han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía. "Este 2017 el Ayuntamiento tendrá que pagar y consignar presupuestariamente lo que no se hizo en 2015, lo que arrastramos de 2016 por la prórroga del presupuesto y lo que vamos a seguir acumulando en 2017", apuntaba Ruz. En total la ciudad acumula una deuda con la empresa Rober de 17 millones de euros. Con la subida de las tarifas la capital conseguirá dos millones extra, lo que, obviamente, obligará a seguir tomando medidas.