La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pago de la productividad a los funcionarios del Ayuntamiento de Granada se ha convertido, como era de esperar, en un frente abierto entre equipo de Gobierno y oposición. Mientras el Ayuntamiento asegura que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo y mantiene firme su intención de no pagar estos complementos a los trabajadores, IU y PSOE consideran muy grave la situación, exigen que se explique cómo se obtendrá el dinero para pagar acatando la sentencia y piden hasta dimisiones.

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Francisco Ledesma, aclaró en primer lugar que la sentencia "no anula" el presupuesto de 2012, "que ya está liquidado", sino que dice que "debemos modificar tres partidas presupuestarias que se refieren a productividad, que se decidieron dejarlas abiertas con 1 euro simbólico porque estábamos en trámites de negociar el convenio con los sindicatos". "Lo que dice el juez es que en esas partidas que afectan a personal funcionario, bomberos y policía local, se tiene que consignar "la misma cantidad que el año pasado".

Ledesma dice a favor del Ayuntamiento que en el convenio firmado recientemente ya se incluye la productividad "pero como la entiende el Ayuntamiento y no" como la Cámara de Cuentas, y es "con criterios objetivos porque no vamos a pagar a todos igual". Una productividad que ya se presupuestará para 2014.

Por esto, el concejal anunció ayer que recurrirán al Tribunal Supremo la sentencia -dice que cuando se trata de cantidades superiores a 600.000 euros hay derecho de recurso pese a que no esté contemplado en el texto de la sentencia-. Pero es más, garantiza que no se va a pagar la productividad. "El juez no dice cómo dotarlo, sólo que hagamos la modificación con la cantidad del año pasado. Ahora vamos a recurrir y después veremos. Pero que se dote presupuestariamente no quiere decir que se pague", argumentó Ledesma quien insistió, a preguntas de los periodistas, que "no se va a abonar la productividad".

Con el recorte de la productividad se suprimió del presupuesto de 2012 un total de 1,1 millones de euros de la productividad de los servicios generales, 542.000 de la de la Policía Local y 201.000 de la de bomberos. En total, 1,8 millones de euros.

La oposición también valoró ayer la sentencia. El concejal del PSOE Baldomero Oliver aseguró que "siendo grave que el Ayuntamiento se vea obligado a abonar casi 2 millones de euros por una sentencia judicial, no lo es menos que dicha cantidad se podría haber ahorrado si el responsable de personal del PP, Juan Antonio Fuentes, no hubiera hecho de su capa un sayo y se hubiera sentado con los sindicatos para negociar los necesarios recortes a los que la ley obligaba. Pero aquí, como estamos gobernados por unos prepotentes, se ha ido más allá incluso de lo que el Gobierno de Madrid quería, haciendo de los funcionarios el blanco de la incapacidad del PP", dijo. Para el PSOE, lo que ha demostrado la sentencia es que "el PP lo único que hacía era maquillar unos números que no hay manera de cuadrar por cosas como las que ha dejado en evidencia esta sentencia".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, exigió al equipo de gobierno "que cumpla con la sentencia del TSJA" y "pague la productividad a los más de 2.000 empleados públicos". Según el portavoz, esta sentencia es firme, por lo que "el recurso que ha anunciado el gobierno municipal respecto a la sentencia es una vía sin salida, pues el propio fallo indica que la misma es firme y que no cabe recurso de casación". De este modo Puentedura exige al alcalde de Granada y a su gobierno municipal "que no dilaten más el proceso y que negocien con los representantes de los trabajadores".