El Ayuntamiento de Granada va a repercutir su último revés judicial sobre los policías locales. Los agentes tendrán que trabajar más horas, pero ganarán 180 euros menos cada mes.

Un reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada da la razón a los sindicatos policiales, al declarar nulo el decreto por el que el Ayuntamiento de la capital repartió en una bolsa de horas la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ordenada por el Gobierno de España. El municipio estableció un sistema que aglutinaba las horas ampliadas en tres bloques de ocho horas (tres servicios) a lo largo del año. Según el juez, esto era una forma de disminuir el pago de horas extraordinarias.

El concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes, anunció ayer que el Ayuntamiento tiene previsto recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero mientras tanto, el municipio adoptará una serie de medidas que en realidad perjudican a los propios policías locales.

Según explicó Fuentes, el sistema de reparto de horas ampliadas adoptado hasta ahora por el Ayuntamiento y rechazado por los sindicatos, beneficiaba a los agentes porque el municipio respetaba una circunstancia especial que afecta al horario y el sueldo de la Policía Local desde hace muchos años. Los más de 500 miembros de este cuerpo de seguridad trabajaban diariamente 80 horas más que el resto del personal municipal, por lo que tenían un complemento salarial que ronda los 180 euros mensuales.

La ampliación de la jornada laboral para el sector público que estableció el año pasado el Gobierno de España obligaría a que los agentes de Granada trabajaran 120 horas más. Por tanto, el Ayuntamiento ha optado ahora por empezar a aplicar el cambio a rajatabla, lo que significa (según el gobierno local) que las 80 horas de exceso que antes abonaba a los agentes dejarán de ser remuneradas aparte y además tendrán que ampliar su jornada laboral otras 40 horas anuales para sumar las 120 adicionales que estableció el Estado.

Según el concejal de Personal, esta medida tendrá un ahorro para el Ayuntamiento de unos dos millones de euros. Pese a este recorte del gasto, el municipio tiene previsto recurrir la sentencia y si el TSJA da marcha a atrás en la decisión judicial o los sindicatos retiran el pleito volvería a aplicar el mismo régimen actual. Es decir, que pagaría de nuevo a los agentes el complemento de los 180 euros.

Fuentes explicó que la intención del gobierno local "no es recortar más a costa de los sueldos de los trabajadores" y por eso tiene previsto recurrir.

El grupo municipal socialista, en la oposición, pidió ayer el gobierno local que negocie con los sindicatos, porque a su juicio, en este tema los concejales del PP han actuado con una actitud "caciquil", imponiendo su criterio.

Para los socialistas, esta sentencia judicial es una consecuencia de esa falta de acuerdo. "El concejal de Personal hizo un alarde de chulería y rompió las negociaciones", declaró ayer María Escudero, quien sospecha que esta situación va a costar mucho dinero al Ayuntamiento, pues tendrá que pagar los servicios prestados por los agentes desde que se puso en marcha el sistema de reparto de horas.

Fuentes, por su parte, aseguró ayer que han tratado de negociar "por activa y por pasiva" e insinuó que los sindicatos implicados le hacen el "juego fácil" a la oposición.