La reciente puesta en marcha del sistema de alquiler de patinetes eléctricos en Granada ya ha generado la primera controversia, que viene de una de las principales asociaciones de ciclistas urbanos de la ciudad, Biciescuela. A su juicio, la autorización por parte del Ayuntamiento de Granada a la empresa Superpedestrian para implantar el servicio de alquiler de VMP (vehículo de movilidad personal) "es una medida más de la política-cosmética en el ámbito de la movilidad a la que nos tiene acostumbrados el Ayuntamiento de Granada", pues tampoco sirve para reducir el uso del coche. Es decir, no evita la inyección diaria de automóviles provenientes del Área Metropolitana en busca del aparcamiento disponible en la ciudad. 

Por otro lado, según el artículo 18 de la Ordenanza Municipal de circulación de peatones, bicicletas y VMP, el aparcamiento de bicicletas debe hacerse en los anclajes destinados a tal fin si hay uno a menos de 75 metros. Y, en ningún caso, se pueden atar a señales de tráfico, marquesinas del transporte público, arbolado y elementos ornamentales o inmuebles protegidos. En este sentido, el Ayuntamiento de Granada ha exigido a la empresa de alquiler de patinetes eléctricos que estos vehículos queden anclados en los aparcamientos para bicicletas. Por tanto, este servicio está restando las posibilidades para aparcar la bicicleta en la calle, según explica la asociación.   

Además, el citado artículo de la Ordenanza Municipal también indica que los aparcamientos diseñados para las bicicletas son de uso exclusivo para las mismas, salvo que se señalice expresamente que también son para otro tipo de vehículos. Actualmente, ninguno de los aparcamientos para bicicletas tiene señalización expresa que permita el anclaje de VMP de alquiler en ellos. Por tanto, las indicaciones que el Ayuntamiento de Granada ha dado a la empresa Superpedestrian incumplirían la propia Ordenanza Municipal. 

Para Biciescuela sería deseable que los patinetes eléctricos de alquiler tuvieran alguna incidencia positiva en la movilidad. Para ello, los lugares destinados para su anclaje no deberían ser los de las bicicletas, ni los espacios peatonales, sino los reservados para coches y motos. De esta manera se reduciría la disponibilidad para dejar el coche o la moto en el destino cotidiano. Es decir, se reduciría el uso de estos medios de transporte. Y si, al mismo tiempo, se aplicara una mejora de la eficacia del transporte público interurbano en el área metropolitana, se respondería a las necesidades de desplazamiento y de accesibilidad.