La modificación del decreto de apoyo a las familias andaluzas que ha roto con requisitos excluyentes para acceder a una plaza de guardería, ha hecho que la Junta de Andalucía agudice el ingenio y, por primera vez, tenga que acometer obras en sus propios centros socioeducativos para ganar plazas con vistas al curso que viene.

Esta medida, que siempre ha estado descartada por la administración ya que entre sus competencias no entra la construcción de inmuebles, se ve motivada por la previsión de las 6.000 plazas de guardería que Bienestar ofrecerá en Granada y que es complicado cubrir con los medios existentes. "Estudiando los centros propios nos hemos dado cuenta que con determinados trabajos y modificaciones puntuales se gana espacio y con éste, plazas para pequeños", señala la delegada de Bienestar Elvira Ramón.

Con estas primeras intervenciones se prevé se puedan alcanzar las 192 plazas, pero la delegación espera que sean más puesto que aún no se han terminado de analizar los 14 centros de la administración en Granada. A pesar de todo, la responsable mantiene que la delegación sigue con las negociaciones para subvencionar en empresas privadas que reúnan los requisitos exigidos por la ley parte de las últimas 1.000 plazas que se aprobaron en el Consejo de Gobierno de la Junta hace tres semanas. Una tarea nada sencilla porque el convenio exige que los centros mantengan una serie de medidas de seguridad y de atención para los pequeños, como el que el centro se encuentre en un local de uso exclusivamente educativo y con acceso independiente al exterior, que dispongan de un espacio para la manipulación de alimentos o que cuente con áreas diferenciadas de juego y descanso, entre otras.

Con todo así, los padres tienen de plazo hasta el 15 de abril para presentar su solicitud de admisión en algunos de los cien centros que ofertan plazas para los niños entre 0 y 3 años. Desde la delegación ya se sabe que la demanda será alta. Y es que con la modificación del decreto la única exigencia para los demandantes es que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en el municipio.

Quedan excluidos puntos que años atrás eran clave para acceder a una plaza en una guardería como la renta familiar o el que los padres tuvieran un empleo; ahora, el que el padre y la madre trabajen o el nivel de ingresos -que pasa a ser de unidad familiar a renta per cápita- dejan ser excluyentes para ser considerados como un criterio más de la valoración final.

Será a final de abril cuando, teniendo en cuenta las vacantes de los niños que comienzan el colegio y los traslados, la delegación concrete en qué centros tendrá que intervenir y con cuáles negociará las plazas necesarias. El objetivo que persigue la administración es reducir la lista de espera en las que cada año se quedan cientos de padres que aguardan una plaza pública. "Por el momento, aunque las vacantes se asignarán en función de las necesidades, queda la tranquilidad de que ningún padre será rechazado", concluyen desde Bienestar.