El Partido Popular anunció ayer por la tarde la dimisión del alcalde de Otura, Pedro Cabanillas, tras hacerse pública la sentencia que lo condena a 8 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por la compra de un solar cuando era concejal de Economía. Una condena que afecta también al ex alcalde otureño Ignacio Fernández Sanz y a otros dos concejales.

La dimisión fue valorada como "imprescindible" por el presidente del PP de Granada, Santiago Pérez, quien mostró su absoluto respeto a la decisión adoptada por el juez. Pérez expresó su convicción de que "una condena de esa índole, aunque no sea firme, es completamente incompatible para el Partido Popular con el ejercicio de la responsabilidad de alcalde". Junto a ello, Pérez trasladó su profundo pesar "por el perjuicio que comportamientos personales de quienes formaron parte de nuestras listas electorales" han podido causar a los vecinos de Otura, una situación por la que pidió disculpas en nombre del PP. Al tiempo, Pérez expresó que una vez producida la dimisión, el PP trabajará "con todo el ahínco para recuperar la estabilidad política en el municipio y adoptará las decisiones más adecuadas para ese fin".

La decisión se produce después de conocer que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha condenado a ocho años de inhabilitación al alcalde de Otura, Pedro Cabanillas; a su antecesor Ignacio Fernández Sanz y a dos ediles por un delito de prevaricación al adquirir unos terrenos para la ampliación del Ayuntamiento a un coste superior del tasado. Según la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, los hechos se remontan a septiembre de 2007 cuando el pleno del consistorio, gobernado por el PP y un partido independiente, aprobó el expediente para adquirir el inmueble colindante al edificio consistorial. Entonces, el alcalde del municipio, Ignacio Fernández Sanz (PP), afirmó que el precio era de 900.000 euros, hecho "incierto" y que se presentó al pleno para convencer a los restantes miembros que no estaban muy al tanto de los detalles de la venta de lo "ventajoso" de la operación.

Un mes después, el arquitecto técnico municipal de Otura emitió un informe por el que valoró el inmueble en 188.098 euros, mientras que la interventora y el secretario municipal emitieron respectivos informes desfavorables al considerar que existía una diferencia muy notoria entre el valor pericial y el precio de la adquisición real. Pese a ello, "y con plena conciencia de la ilegalidad", el alcalde inició la instrucción del expediente de contratación acordando la cantidad de 300.000 euros más impuestos pese a la "notoria" diferencia con su valor pericial. Fue en febrero de 2008 cuando se firmó la escritura pública de compraventa por parte del alcalde de Otura con la entidad promotora por 348.000 euros (IVA incluido).

El juez considera que a la iniciativa llevada a cabo por el entonces regidor Fernández Sanz se unieron de forma activa y al unísono los ediles del PP Pedro Luis Francisco Cabanillas (concejal de Economía entonces y actual alcalde), Ignacio Pérez Cabrera (concejal de Urbanismo) y el independiente Eduardo Anguita. El magistrado cree que la invención sobre el precio desorbitado del solar denota un "premeditado" ánimo de eludir la legalidad para lucrar a la promotora con el pretexto de ampliar el Ayuntamiento por ser "urgente y perentorio" pese a lo cual, destaca el juez, han pasado seis años y no se ha construido nada aún.

El lucro de la promotora ha sido la única consecuencia derivada de la compra de la que resulta "muy difícil creer" que tuviese por objetivo servir al interés general. El juez también considera que el periplo de sucesos arroja indicios que transmiten un trasfondo "turbio" que se acrecienta desde el momento en que "al parecer" se pacta con un grupo independiente para "garantizar" el gobierno municipal. El magistrado considera que se transmite un matiz de "anormalidad" al hecho de que el concejal independiente tomara iniciativas al mismo nivel que el alcalde del municipio, lo que además califica como "insólito".

Por estos hechos condena a ocho años de inhabilitación a Ignacio Fernández Sanz (actualmente concejal no adscrito), Pedro Luis Cabanillas (PP), Eduardo Anguita e Ignacio Francisco Pérez Cabrera, concejales en el momento de la adquisición. Además ha absuelto a otros 4 miembros del Gobierno de entonces, al mismo tiempo que obliga a los acusados al pago de 130.000 euros en concepto de responsabilidad civil.