La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero. Al cierre de esta edición eran ya 461 las personas detenidas pero el número continuaba creciendo porque la denominada Operación Relisto extendía sus tentáculos por numerosas provincias españolas, si bien el cabecilla del grupo es un jerezano de unos 50 años que responde al nombre de Francisco S.L. con domicilio en la zona de Picadueña. En Granada, la operación se ha saldado con la imputación de tres personas en los municipios de Ogíjares, Almuñécar y Pinos Puente.

La Guardia Civil desarrolló el lunes tres registros domiciliarios, uno en la vivienda de Francisco S.L. y otros dos en otras tantas gestorías, una en Jerez, situada en la avenida de México; y otra en El Puerto de Santa María, concretamente en la calle Azada. Este grupo también trabajaba con otra gestoría de la capital gaditana que cerró cuando comenzaron las pesquisas.

El entramado criminal investigado llegó a montar hasta 10 empresas ficticias, teniendo en su haber una gran cantidad de trabajadores en su nómina, así como hombres de paja que eran colocados al frente de estas sociedades. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad de ingresos/gastos de bienes o servicios, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas, creadas con el único fin de dar de alta a falsos trabajadores.

El Ministerio del Interior informó ayer que las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, así como conseguir permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. La operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria.

Por medio de este sistema delictivo, este entramado, y sobre todo su líder, obtenía cuantiosos beneficios económicos ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas, se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas del mismo. Además a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales, retenciones a cuenta... cantidades que iban a parar al cabecilla.

De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos de 2.603.454 euros, que ya están siendo reembolsadas a los organismos correspondientes (Seguridad Social, Inem e Inspección de Trabajo). Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda la geografía nacional, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias, todo ello para la puesta a disposición judicial de las 461 personas implicadas en esta operación, continuándose las investigaciones sobre otras personas nacionales y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí. Además, se ha procedido a la detención de 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.

Se han realizado detenciones en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.