La Cámara de Cuentas de Andalucía ha enviado a la Fiscalía Superior de Andalucía documentación relacionada con la empresa de Vivienda de la Diputación de Granada (Visogsa), cuando esta institución era presidida por Sebastián Pérez (PP), al haber detectado diversos "indicios de responsabilidad penal por prevaricación". Los citados hechos están relacionados con la contratación de un trabajador de la mencionada empresa en la etapa del gobierno popular presidido por Sebastián Pérez.

El pleno de la Cámara de Cuentas tomó la decisión en la última sesión celebrada el pasado 27 de abril, como consecuencia de un informe de su Gabinete Jurídico.

Según consta en el documento al que ha tenido acceso Granada Hoy, Visogsa aprobó una convocatoria para cubrir una plaza de analista, mediante la contratación de personal fijo, así como las bases para su selección. En las mismas, con la rúbrica de Sebastián Pérez -de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público- se incluyó como requisito necesario para poder participar en el proceso selectivo, el de "no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter...".

Sin embargo, tras el indicado proceso selectivo, accedió a dicha plaza un extrabajador de Visogsa, Juan Miguel Mendoza (informático), "en virtud de Resolución de 17 de abril de 2015 del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública de vivienda, Sebastián Pérez. Se da el caso de que este empleado perteneció a la plantilla hasta septiembre de 2010, "fecha en la que fue dado de baja por despido disciplinario". La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo confirmó por sentencia en abril de 2011.

El motivo no fue otro que el "incumplimiento" de la obligación de dar cuenta de una avería del disco duro en mayo de 2009 y la decisión dolosa de destruir dicho disco duro sin comunicarlo a sus superiores. Ese dispositivo, al parecer, tenía información concerniente al Registro de Factura de la empresa y "pudiera estar vinculado a un caso de facturas falsas". Ahí, la alianza con José Antonio Redondo Orellana (arquitecto técnico) parece que fue clave.

En otra de las páginas del documento remitido por la Cámara de Cuentas andaluza, queda remarcado que la corporación provincial -bajo el mandato del socialista Antonio Martínez Caler- denunció estos hechos por vía penal "y tras la llegada de Sebastián Pérez a la Diputación, la denuncia fue retirada contra el criterio de la Fiscalía que pedía el mantenimiento de la misma".

Ya en julio de 2013, la institución provincial, con el PP al frente, decidió volver a contratar a Mendoza para el mismo puesto del que fue despedido, ocupando dicha plaza con contrato de relevo.

Por su parte, Redondo llegó a un acuerdo con el director gerente de Visogsa bajo el mandato del PP, José Ramón Jiménez, por el que cobraría una serie de facturas por valor de alrededor de 60.000 euros. Con anterioridad y bajo la etapa del socialista Martínez Caler, cuando Mendoza fue despedido junto a Redondo, ambos formularon una denuncia contra el por entonces director gerente de Visogsa, José Luis Hernández, por acoso laboral. El que fuera también alcalde de Guadix y delegado de Justicia tuvo que afrontar entonces un largo periplo judicial. Finalmente, el TSJA estimó que los despidos eran procedentes y quedaba probado que no existió mobbing.

Pese a las bajas por estrés y ansiedad del informático, que acusó a Hernández de vejarlo, sí que se comprobó que él mismo fue quién participó en la manipulación del registro de entrada de Visogsa en mayo de 2010. Según el fallo del Alto Tribunal, se pretendió con ello simular que 21 facturas emitidas por Redondo -por importe superior a los 102.000 euros- habían sido presentadas entre febrero y marzo de 2009 en la empresa pública de vivienda, cuando realmente se digitalizaron algo más de un año después. Esos registros verdaderos se encontraban en el disco duro que se destruyó.

El que fuera responsable de la empresa pública de vivienda en la institución provincial con el PSOE, según fuentes cercanas, ha atravesado estos últimos cuatro años un verdadero calvario por el cruce de querellas y recursos permanentes. Lo que se inició como un intento de perseguir y despejar toda sospecha de corrupción se convirtió en un vía crucis a nivel personal contra él.

Este asunto se trasladó al terreno meramente político -como posible estrategia para lastrar sus opciones futuras en el ámbito de la gestión pública-, al tiempo que también entró en la 'operación' puesta en marcha por los populares para demostrar a la opinión pública el levantamiento de alfombras y apertura de ventanas tras sucesivos gobiernos de la marca PSOE desde los inicios de la etapa democrática.

En marzo de 2010, el grupo popular en Diputación preguntó a Visogsa por qué al arquitecto no se le abonaba la cuantía que reclamaba. A partir de ahí la institución -todavía en manos de los socialistas- inició una investigación con la que se comenzó a reconstruir los hechos. Una vez que se dio con la tecla oportuna, los dirigentes socialistas activaron las medidas oportunas en el campo jurídico y laboral.

A juicio de la Fiscalía (enero de 2013), se estima que las diligencias previas continúen por los trámites del procedimiento abreviado por delito continuiado de falsedad en documento mercantil más un delito de estafa en grado de tentativa, imputables a Mendoza y a Redondo.

En paralelo, también en relación con Visogsa, la Fiscalía Superior pidió el pasado mes de diciembre al juez que se abriera una investigación por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa en supuestas contrataciones irregulares por parte de dos exgerentes de esta empresa de la Diputación, cuando la gobernaba el PP.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, tomó esta decisión a través de un decreto de remisión después de que el grupo político Vamos Granada en la institución provincial, ahora gobernada por el PSOE, pusiera en conocimiento del Ministerio Público supuestas irregularidades en cuatro contrataciones.

El portavoz en la Diputación de este grupo apoyado por Podemos, Luis de Haro, informó entonces de que se trataba de cuatro contratos que se hicieron en la empresa provincial de vivienda, suelo y equipamiento sin atender supuestamente a los principios obligatorios de igualdad, mérito y capacidad.

En la actualidad el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada es el encargado de asumir este tema en el que el pleno de la Diputación decidió recientemente personarse. A nivel particular también lo ha hecho el propio diputado de Vamos Granada, como integrante del Consejo de Administración.