La Cámara de Cuentas de Andalucía tiene previsto, dentro de su plan de actuaciones de 2018, fiscalizar las políticas de la Junta en materia de violencia de género, en especial las medidas adoptadas por la Administración de Justicia, así como el gasto farmacéutico en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la contratación pública de la Junta y sus entidades vinculadas; y la financiación y contratación en Metro de Granada SA. También dentro del sector local, el ente fiscalizador contempla una serie de reprogramaciones, como la fiscalización horizontal de las entidades públicas de Vivienda en ayuntamientos de más de 100.000 habitantes; la fiscalización de los contratos y convenios formalizados por diversos ayuntamientos como los de Cádiz, Málaga o Sevilla; o la fiscalización de determinadas áreas de varios ayuntamientos como los de Atarfe (Granada), Bailén (Jaén) y Gibraleón (Huelva).

Según el plan de actuaciones, consultado por Europa Press, el organismo tiene previsto acometer además la fiscalización horizontal de las entidades públicas de vivienda en ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, actividad reprogramada del ejercicio anterior, igual que ocurre con la fiscalización de los planes de empleo para personas jóvenes en Andalucía 2014-2016, procedente de 2017.