Una carta abierta que un funcionario municipal ha dirigido a los 27 concejales que componen la Corporación del Ayuntamiento de Granada, pone de manifiesto posibles actitudes de pasividad y complicidad con ciertas irregularidades y corruptelas que este empleado asegura haber detectado durante sus años de trabajo en el Tribunal Económico Administrativo Municipal.

"Nada se hizo entonces, nada se hizo después, cuando cambió el gobierno de esta ciudad", denuncia Francisco Torres -que fue presidente del órgano de control municipal- en un documento que ha difundido por todo el Ayuntamiento a través de la red interna municipal.

El funcionario alertaba sobre algunos expedientes de deudas que se dejaban "morir"

"No es revancha, es hartazgo", explicaba ayer a este periódico el denunciante, que lleva pidiendo la realización de una auditoría interna sobre el funcionamiento del Tribunal desde 2015. Su petición (que lejos de ser atendida por el anterior gobierno local del PP sólo provocó su propia destitución, según su versión), fue reiterada después al nuevo gobierno de Francisco Cuenca en mayo de 2017. Después de comprobar que las denuncias, con "indicios más que suficientes para, al menos, abrir una información reservada", tampoco llegaron a nada con los nuevos responsables políticos del PSOE, este funcionario de 64 años ha optado por un medio tan poco ortodoxo como esta carta abierta para reiterar su petición, "hoy con más ahínco". La fórmula elegida esta vez garantiza que toda la corporación al completo, los 27 concejales, serán conscientes de la situación.

Uno de los motivos por los que Torres se ha decidido ahora a hacer esta denuncia y a reiterar su petición de una auditoría es precisamente la publicación en Granada Hoy de la noticia sobre una sentencia que condenaba al Ayuntamiento a asumir los 220.672 euros que había tardado demasiados años en reclamar al promotor Roberto García Arrabal. Este empresario tenía que haber pagado su parte correspondiente de unas obras de urbanización en la Casa del Tabaco, en Bobadilla. Pero el Ayuntamiento ha tardado 7 años en reclamarlo, pues el expediente ha estado durante todo ese tiempo paralizado o con idas y venidas entre departamentos y técnicos.

El que fue responsable del Tribunal Económico Municipal lleva años denunciando "la existencia, entre otras cuestiones, de actuaciones que afectaban presuntamente a posibles prescripciones de deudas tributarias por inactividad de la administración", según consta en la carta de Torres. En ella habla de prácticas habituales de "dejar que los papeles mueran en un determinado montón de parálisis provocadas".

Asegura que el único resultado de sus denuncias fue su destitución del Tribunal Económico en julio de 2015 y añade que hay una "cadena de destrozados" por los políticos que "al minuto de ser elegidos" toman decisiones como la de ningunear o cesar a funcionarios "cuando no les gustan los dictámenes".

Francisco Torres es también presidente de la asociación Granada Acción Cívica contra la Corrupción (Gracco), constituida el año pasado para destapar casos de corrupción, ayudar a perseguirlos y apoyar a los denunciantes. Está formada por una veintena de personas de diferentes sectores de la sociedad, funcionarios, empresarios, abogados, docentes, y hasta militares, con ideologías políticas diversas.

Este funcionario, que lleva 42 años en el Ayuntamiento de Granada, no sólo censura a los políticos que permitieron aquellas actuaciones supuestamente ilegales. Ahora carga las tintas también contra los miembros de la Corporación y el actual gobierno por "ignorar" sistemáticamente las denuncias, informes internos y datos que llegan sobre asuntos opacos del pasado.

En ese mismo sentido se posicionó hace escasas semanas otro funcionario municipal (ya jubilado), Juan Santiago Pineda, que fue el primer denunciante que tiró de la manta y presentó un escrito en Fiscalía contra la discoteca que se estaba construyendo en el Serrallo. En una entrevista a este periódico, el denunciante de este caso, por el que irán a juicio casi todos los miembros del gobierno de Torres Hurtado, puso de relieve su "enorme decepción" con el actual ejecutivo socialista por ignorar sus denuncias sobre actuaciones urbanísticas supuestamente ilegales, que él conoce por su trabajo como inspector cuando trabajaba en Urbanismo.

"En lugar de levantar las alfombras han metido más suciedad debajo y han echado cierres de seguridad en las ventanas", declaró el denunciante en la entrevista.

Su denuncia dio lugar al caso Serrallo y, por conexiones posteriores, contribuyó también a la apertura del caso Nazarí, la investigación judicial sobre corrupción que propició el definitivo cambio de gobierno en el Ayuntamiento en 2016. El papel que los nuevos responsables municipales han tenido en estos casos tampoco ha estado exento de polémica, pues hasta la jueza instructora tuvo que darles un ultimátum para que entregaran documentación al Juzgado.