La acusación popular del caso Serrallo que representa el partido político VOX, una de las más activas en todo el proceso de instrucción, ha elevado las penas y las responsabilidades exigidas a los 17 procesados por este asunto de presunta corrupción urbanística hasta los 21 años de prisión por 7 posibles delitos y el pago de 3 millones de euros al Ayuntamiento de Granada (además de asumir otros gastos como el de la demolición de la discoteca).

En el escrito de acusación presentado al Juzgado por esta parte que, como acusación popular, defendería el interés general de los ciudadanos, tiene un especial protagonismo la reclamación económica a los procesados, que podrían tener que hacer frente al pago de más de 4 millones de euros por diferentes conceptos estimados por VOX a través de los informes y peritaciones que aparecen en la causa y otros propuestos como prueba para el juicio. El supuesto impago de las cargas urbanísticas que correspondían al promotor (2,1 millones), 600.000 euros para demoler la discoteca y reurbanizar el entorno, 450.000 euros de posible indemnización al empresario arrendatario del negocio y un millón más de euros en concepto de posibles tasas, impuestos y sanciones que según esta parte tampoco habrían abonado las empresas beneficiarias de estos negocios instalados en el Serrallo. Para cubrir la posible reclamación de todos estos conceptos, esta parte pide la apertura de una pieza de responsabilidad civil y la exigencia del abono de una fianza de 4,2 millones de euros o el embargo de bienes por ese importe en caso de que no sea aportada esa cantidad en metálico.

Esta acusación considera responsables de alguno o varios de los delitos investigados a las 17 personas procesadas por la jueza de instrucción en este caso (sobre la construcción de una discoteca en una zona verde destinada a parque infantil). El exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado tendría que hacer frente a una petición de 7 años de prisión por los delitos sobre la ordenación del territorio, fraude en la contratación y tráfico de influencias. Pero las personas que a juicio de esta parte tendrían mayor responsabilidad en los presuntos hechos delictivos son Manuel Lorente, exdirector de Obras del Ayuntamiento, e Isabel Nieto, exconcejal de Urbanismo, con una petición de penas de casi 21 años de cárcel en cada caso. A los ilícitos atribuidos a Torres Hurtado, en el caso de estos dos acusados habría que sumar prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y cohecho (solo en el caso de Lorente). El resto de altos cargos de Urbanismo involucrados (el director de Licencias, el coordinador general, la directora general de Urbanismo, el jefe de Obras Privadas) y el interventor municipal también se enfrentarían a una petición de penas de entre 3 años y medio y 10 años de cárcel, en especial por los informes que firmaron favorables a los intereses del promotor privado.

El empresario Roberto García Arrabal, responsable de aquella obra junto al centro comercial Serrallo, podría sentarse en el banquillo para responder por tres posibles delitos penados con 9 años de cárcel en total. La contratación laboral del hijo del funcionario Manuel Lorente en sus empresas ha sido calificado por VOX como posible delito de cohecho.

Casi todo el equipo de gobierno de Torres Hurtado en 2012 se ha visto involucrado en este caso por su voto favorable al cambio de usos y horarios que permitieron la apertura de la discoteca del Serrallo, en lugar del parque infantil inicialmente previsto. La acusación popular que representa el abogado Jorge Carmelo Fernández Díaz les atribuye por ello un delito de fraude en la contratación y solicita 2 años y seis meses de prisión para cada uno de ellos.

En relación a todos los acusados que desempeñaban funciones de gobierno, como alcalde, tenientes de alcalde o concejales, las penas reclamadas por esta parte incluyen la "privación definitiva" de los cargos de naturaleza electiva, así como la incapacidad para obtener cualquier cargo o empleo público durante 8 años. Los trabajadores municipales acusados perderían su condición de funcionarios y se verían afectados por la misma inhabilitación durante 8 años.

VOX también reclama, como ya hizo la acusación que representa la empresa de Tomás Olivo (propietario del centro Nevada), el derribo de la discoteca del Serrallo y todos los pabellones construidos en aquella zona verde. Considera que los acusados deben sufragar la restitución del orden urbanístico, con la reurbanización de toda la zona. No obstante, como solución excepcional, esta acusación deja abierta la puerta al mantenimiento del edificio si el Ayuntamiento de la capital considera que podría servir para otro proyecto con otros usos diferentes a los actuales y compatibles con el disfrute ciudadano de espacios públicos.