Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato y tenencia ilícita de armas al hombre que ha sido juzgado esta semana en la Audiencia de Granada acusado de matar en febrero de 2017 a su sobrino de un tiro en la cabeza en el barrio de Cartuja.

A raíz del veredicto, la Fiscalía ha mantenido su petición de 22 años de cárcel para el acusado, L.C.E., alias 'El Chelines', por asesinato y tenencia ilícitas de armas. Una petición que la acusación particular, ejercida por la progenitora, eleva a 27 años de prisión por los mismos delitos.

La defensa del acusado solicitó una condena de 15 años por asesinato y un año por la tenencia ilícita de armas al entender que el abono parcial de la responsabilidad civil debe ser considerado una atenuante, además del reconocimiento de los hechos y el relato de cómo ocurrieron.

Pide que la responsabilidad sea de 80.000 euros, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El acusado declaró en la primera sesión del juicio que no apuntó directamente a su sobrino sino que el arma se le disparó accidentalmente.

Explicó que el día de los hechos, en la tarde del 22 de febrero de 2017, recibió varios mensajes de texto en los que se le decía que su mujer y su hija habían recibido una "paliza" de su sobrino político.

Así, "irritado", y sin ponerse en contacto antes con ellas, cogió un arma, se montó en el coche y fue a buscarle.

Afirma que fue armado por su propia seguridad porque "cuando vas a una pelea no sabes lo que te puedes esperar", especialmente en un barrio "conflictivo" como el suyo.

"No tenía intención de hacerle daño (...) desde el mismo coche lo podía haber hecho", "yo quería hablar con él" dijo, incidiendo en que cuando fue a pedirle explicaciones reaccionó de forma agresiva. "Se me tiró como un loco (...) me tiré a pegarle con la pistola en el hombro y accidentalmente el arma se disparó".

Su defensa expuso durante el juicio que tras los hechos la familia del acusado tuvo que abandonar la ciudad, pues "entraron en sus viviendas, las ocuparon y les quemaron vehículos", de modo que, aunque su intención era entregarse en el momento, no lo hizo hasta confirmar que estaban a salvo. Cuando se presentó ante la Policía se confesó autor de los hechos y ha ingresado en una cuenta judicial 10.000 euros en concepto de reparación del daño.