El Tribunal Constitucional dio ayer un varapalo a la defensa de Juana Rivas al no admitir a trámite la demanda de amparo presentada por los letrados horas antes en la sede del TC en la que solicitaban que se preservara su derecho a retener a sus hijos menores de edad. El motivo que alega el Constitucional para inadmitir la petición es que "no cumple" con el requisito, exigido por la Ley Orgánica del TC, "consistente en la falta de agotamiento de la vía judicial previa".

La decisión cayó como un jarro de agua fría en el entorno de la mujer, que sigue ilocalizable desde el martes de la semana pasada. Horas antes de conocer el pronunciamiento, los abogados de Rivas, del bufete Montero Estévez, habían presentado el recurso por supuesta vulneración de derechos fundamentales de la madre. "El recurso de amparo es de naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo puede interponerse cuando se hayan agotado todos los niveles judiciales previstos en la ley ante los juzgados y tribunales ordinarios. En este caso, la recurrente ha acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional antes de agotar todas las posibles existentes en la vía judicial previa", argumenta en su escrito la Sección Tercera del Tribunal Constitucional. En la providencia adoptada por el pleno del Constitucional se dice también que si la Fiscalía no interpone recurso, se archivará.

Los abogados de Rivas solicitaban que prevaleciera el "interés superior del menor", según explicó el letrado Juan Ramón Montero tras presentar el escrito, con el que pedían la suspensión de la ejecución de la orden judicial que le obligaba a entregar a los hijos.

Después del pronunciamiento, el despacho Montero Estévez anunció que retomará su solicitud de amparo al TC en caso de que la Audiencia Provincial de Granada no suspenda la ejecución de la orden que obliga a Juana Rivas a entregar a los menores. Así lo explicaron los letrados después de que el TC inadmitiera a trámite el recurso de amparo por no haberse agotado la vía judicial, algo que los abogados consideran no sólo "procedente", dada la "rápida" y "efectiva" actuación de la Audiencia Provincial, sino que les hace concebir la "esperanza" de que la tutela judicial de los menores sea resuelta por aquella Sala sin necesidad de conocer el amparo el Tribunal Constitucional.

El recurso al Constitucional se veía como posible solución a la situación actual de Juana ya que el mismo despacho de abogados presentó hace dos años un recurso de amparo por un caso similar, el de Desiré Vicente, poco antes de que se cumpliera el plazo para que devolviera a su hija a su padre, residente en Suiza. Fue la primera vez que el TC se pronunció sobre un caso de este tipo, dando la razón a la madre y suspendiendo cautelarmente la medida, lo que sentó jurisprudencia.

Los abogados habían asegurado que obligar a Rivas a entregar a los hijos era una medida que "no es correcta" y que creaba una situación y un daño "irreparable", por lo que esperaban la misma "urgencia" que en el anterior caso. Pero no ha sido así.

Ya por la mañana, tras presentar el recurso, se conoció que el padre de los niños, Francesco Arcuri, había presentado una propuesta de acuerdo a Rivas, que fue rechazada por su entorno. Se mostraba dispuesto a negociar "una custodia compartida en Italia y casa para la madre", así como una pensión alimenticia, todo por "el bien de los niños". El ofrecimiento se hizo en el transcurso de una "conversación de buena fe" entre el padre de los menores y otra persona vinculada al entorno de la madre con el objetivo de cerrar un acuerdo que "pusiera fin" a esta situación, según el abogado del padre, Adolfo Alonso. A su juicio era una "buena oferta" y "perfectamente asumible" en el actual contexto de "desobediencia" de la madre. La única premisa era la restitución de los niños a Italia, opción descartada confiando en el recurso al TC.

En declaraciones a Efe en su primera entrevista a un medio español, dijo que "nunca le ha puesto la mano encima" a ninguna mujer y que en 2009 "aceptó" ser condenado por lesiones en el ámbito familiar por una discusión que ambos mantuvieron cuando convivían en Granada, como única vía para poder seguir viendo a su entonces único hijo con Juana Rivas. "Hoy me arrepiento muchísimo de haber aceptado esa condena. Quise quitarle tensión a la situación para poder ver a mi hijo. Tras dos meses estábamos otra vez viviendo juntos y, tiempo después, se vino a Italia y tuvimos otro hijo", relató. Según el padre, una vez retomada la relación en Italia, Juana regresó por vacaciones con sus hijos a España y en julio de 2016 lo acusó de malos tratos a través de una denuncia que sigue pendiente de ser tramitada ante la justicia italiana. Aunque reconoce que su relación "no estaba bien" y había "tensiones", dice que ella puso la denuncia como una forma de lograr la custodia de los hijos a pesar de que un equipo de psicólogos había mantenido que no existía ningún peligro o riesgo para los hijos con su padre. Tras no poder comunicarse con sus hijos desde noviembre de 2016 pese a tener reconocida por los tribunales italianos de forma provisional la custodia, indicó que se había visto obligado a denunciar "la sustracción de sus hijos" por parte de la madre. "Ahora, esa misma justicia española con la que acepté una condena por lesiones en 2009 ha dicho que mis hijos tienen que regresar a Italia", defiende el padre, que asegura que no es "un maltratador ni un machista".

Los dos están citados el 8 de agosto ante el juzgado número 2 de Granada tras rechazarse las medidas cautelares solicitadas por el padre, entre ellas la detención de la madre por secuestro interparental de menores, entre otros delitos.

Mientras, su pueblo, Maracena, sigue volcado con ella. El alcalde, Noel López, dijo ayer que el Ayuntamiento y la ciudad siempre han estado a su disposición. "Hemos intentado estar a la altura de las circunstancias para poder solventar el caso de Juana, que hoy vive una situación alarmante", dijo.