El Consejo Consultivo de Andalucía ha respaldado la decisión de la Junta de no indemnizar a una promotora que reclamaba unos 20 millones de euros en concepto de los perjuicios derivados por la falta de ejecución de unas licencias urbanísticas a causa de la servidumbre aeronáutica de la base militar de Armilla.

Según el dictamen, la empresa Frai, promotora de una macrourbanización en el municipio de Alhendín, consideraba a la Administración autonómica, local y estatal responsables solidarias de los perjuicios derivados de la tramitación urbanística, en la medida en que las tres habían participado en el proceso de tramitación de los instrumentos urbanísticos y en la concesión de las licencias que no pudo ejecutar "en sus propios términos".

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda pidió al Consejo que se pronunciase y éste dictaminó favorablemente. Así pues, ha respaldado la propuesta de acuerdo "desestimatorio" en el procedimiento tramitado por la Junta de Andalucía.

A tal efecto, el Consejo argumenta que los daños alegados no pueden atribuirse a la actuación de la Consejería y que adenás no queda "acreditado que esta haya causado un daño antijurídico" que fundamente la indemnización solicitada.

Igualmente señala que la parte reclamante "debía conocer" que las obras para la construcción de más de 1.000 viviendas podían estar afectadas por las servidumbres aéreas de la base militar, y que debió solicitar la correspondiente autorización antes de su inicio.

El órgano añade asimismo que un detenido examen del expediente "no permite tampoco establecer el nexo causal" entre la actuación de la Consejería y los daños alegados por Frai.

La reclamación fue presentada por la promotora después de que en mayo de 2007 el Ministerio de Defensa le abriera un expediente administrativo por invadir la Base Aérea de Armilla con la macrourbanización Novosur.