El Ayuntamiento de Granada ha sumado una victoria más en su intento por depurar la deuda que otras administraciones mantienen con el municipio. Al final, instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación o el Palacio de Congresos, entre otros, tendrán que pagar el recibo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) por sus edificios de la capital, tal y como le exigió el año pasado el área de Economía y Hacienda. Al menos así lo ha respaldado el Consejo Consultivo de Andalucía que ha dictaminado a favor de la decisión del gobierno municipal de anular los actos administrativos por los que estas instituciones estaban exentas del pago de esta tasa. El Ayuntamiento aprobó en su pleno ordinario de noviembre de 2006 retirar la exención del IBI a once edificios por considerarlos actos administrativos nulos de pleno derecho.

Concretamente, el máximo órgano consultivo autonómico mantiene que las instituciones obtuvieron el beneficio fiscal "careciendo de un requisito esencial para su disfrute". Ya en su día la anterior concejal de Economía, ahora responsable política de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Nieto, mantuvo que las mencionadas instituciones no solicitaron al Ayuntamiento quedar libres del pago del IBI, por lo que consideró oportuno revisar el acto administrativo por los que las arcas municipales se quedaban sin tan suculento ingreso.

Y no ha tardado el área de Economía en tomar ya cartas en el asunto, a tenor de las fechas. Así, si el 14 de diciembre el Registro General del Ayuntamiento recibía el informe del Consejo Consultivo de Andalucía, el gobierno municipal ya ha presentado un expediente, para que se someta a aprobación en el próximo pleno ordinario, para reclamar a las instituciones afectadas el pago de los recibos atrasados, que se remontan a 2003, porque todo lo anterior se considera prescrito al no haber reclamado el Ayuntamiento el pago del impuesto antes.

Pero, sin duda, será la Junta de Andalucía la institución que más afectada quedará por la nueva decisión. Así, el Gobierno autonómico posee la titularidad de seis de los once edificios afectados por la retirada de la exención, a los que hay que agregar una finca urbana del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ubicada en el Camino de Alfacar. Eso sí, no ha sido la única. La Diputación Provincial, que en esta guerra por la depuración de la deuda reclamó al Ministerio de Economía que embargase 10 millones de euros al Ayuntamiento de la capital por impago en la deuda del IAE, es otra de las administraciones afectadas. Pues bien, el Consistorio de la capital ha hecho también lo propio y le solicita el pago de 9.553 euros por recibos del IBI impagados de 2003 a 2006.

También el Consejo Superior de Investigaciones Científicas -dependiente del Estado- dejará de estar libre del pago de la tasa municipal para dos de sus edificios en la capital granadina, uno en la calle Profesor Albareda y otra en la calle Ventanilla. En total, se le reclaman 20.667 euros.

Ahora bien el Palacio de Congresos será el mayor perjudicado por la decisión municipal. De hecho, de los 546.496 euros que el área de Economía y Hacienda piensa recaudar por los recibos atrasados de estos once edificios, 471.491 corresponden a la deuda que el edificio mantiene con las arcas municipales por este concepto. Se trata, por otra parte, de un caso muy significativo porque el Ayuntamiento es parte importante del Consorcio que gestiona el Palacio y al que ahora se le exige el pago del IBI que antes no se pagaba. Algo similar ocurrió con el Parque de las Ciencias y el impuesto de construcciones.