DECLARACIÓN DE GRANADA

35 catedráticos critican que Hacienda trata al ciudadano como un "súbdito"

  • Los expertos resaltan una "pérdida de centralidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado"

Los expertos realizan un ataque sin precedentes contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los expertos realizan un ataque sin precedentes contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los expertos realizan un ataque sin precedentes contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / efe

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La 'Declaración de Granada', aprobada por 35 catedráticos de derecho financiero y tributario de universidades españoles, es uno de los ataques públicos más importantes que se han hecho en contra del funcionamiento de la Hacienda pública. El documento que corrió ayer como el polvorín creó un gran revuelo entre asesores y expertos relacionados con la Administración Tributaria, la mayoría de los cuales prefirieron esperar a conocer todo el contenido de la 'Declaración de Granada' antes de pronunciarse a favor o en contra de un tema tan complejo y de tanta relevancia. En resumidas cuentas, los catedráticos reunidos ayer en la Facultad de Derecho defienden la creación de una Hacienda pública única frente al modelo tributario actual que, según ellos, contempla a los contribuyentes como "súbditos" en vez de como ciudadanos. Entre los catedráticos que firman la citada declaración se encuentran Matías Cortés Domínguez, Álvaro Rodríguez Bereijo, José María Martín Delgado, Juan Martín Queralt, José Manuel Tejerizo López y Fernando Pérez-Royo.

El grupo de profesores de derecho financiero y tributario apuntaron que se ha "diluido la figura del contribuyente", sustituida por la "más ambigua" de "obligado tributario" en la mayor parte de las normas que rigen la aplicación de los tributos. "Estamos muy lejos de los tiempos en los que era la Administración quien formulaba las correspondientes liquidaciones tributarias, sobre la base de los datos aportados por el contribuyente. Nada de ello ocurre hoy, pues sólo es éste último quien debe cumplimentar todos los papeles -cada día más- que se le exigen, y el auxilio administrativo sólo aparece cuando se incoa un procedimiento sancionador", criticaron.

Los catedráticos denunciaron que tampoco se respeta el principio de igualdad, entendido como la necesidad de que "todos" los españoles deban tributar, al menos de modo similar, cualquiera que fuere el territorio donde residan. Sobre este particular, llaman la atención sobre el "tratamiento desigual conferido a todos los ciudadanos españoles atendiendo al origen de sus rentas". Y añadieron que existen diferencias en la imposición directa por razón de la residencia dentro del territorio de nuestro país.

"Estas diferencias de tributación en algunos casos son muy importantes, hasta el punto de que podría hablarse de la existencia de una cierta cantonalización tributaria en España", señalaron, al mismo tiempo que apuntaron que se justifica esa desigualdad manifiesta por la diversidad de ordenamientos jurídicos que, "a su decir, es consustancial con el Estado de las Autonomías".

A juicio de estos catedráticos, el ciudadano no comprende la existencia de tratamientos "tan desiguales" en el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas por razón del territorio dentro de un mismo Estado. Denunciaron además "la ruptura de la unidad de la Hacienda Pública" y consideraron que "el Estado debe ejercer de forma activa su competencia exclusiva de armonización y regulación de la Hacienda General".

Asimismo, los catedráticos aseguraron que se ha producido la quiebra del principio de solidaridad. Por ello, creen injustificado "el olvido del principio constitucional que exige la coordinación de las Haciendas autonómicas con la Hacienda estatal confinado en el desván de lo que pudo y debió ser y no fue" y añadieron que "hoy día, más que de corresponsabilidad tributaria entre las distintas Haciendas Públicas, podría hablarse de insolidaridad tributaria".

En cuanto al gasto público, mostraron su preocupación "por el deterioro del papel esencial tradicionalmente reconocido a las Cortes Generales" y resaltaron que ha habido una "pérdida de centralidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado". Criticaron también la aceptación del voto afirmativo en los PGE a cambio de "determinadas concesiones" a quien emite su parecer positivo, así como que "la asunción resignada de la prórroga presupuestaria como procedimiento ordinario del ordenamiento del gasto, constituyen fenómenos que, desgraciadamente, parecen formar parte de la normalidad". Indicaron que se ha acentuado de tal modo en los últimos años que "han convertido lo que era el acto más importante de la vida parlamentaria en una caricatura".

El experto en la materia Rubén Candela, que fue presidente hace unos años de AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales) aseguró a este periódico que muchos de los profesionales tributarios están "de acuerdo" con lo publicado de la 'Declaración de Granada' hasta el momento, pero señaló que la mayoría de los asesores están esperando a conocer bien el documento "para hacer un análisis más sosegado porque no sabemos si es suficiente".

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