El informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz recoge que en 2021 Granada perdió ocho unidades educativas. El dato, según la oficina de Jesús Maeztu, obedece a la bajada de la natalidad de los últimos años. La Defensoría, en el balance que realiza del pasado año, apunta a la complejidad del curso, en el que se continuó con las medidas anticovid impuestas tras la vuelta al cole en septiembre de 2020 tras el cierre de colegios e institutos en marzo de ese mismo año a causa de la pandemia. 

Sobre la "supresión" de unidades, Maeztu recoge que pese al menor número de nacimientos "un importante sector de la comunidad educativa -al que nos sumamos- no ha dudado en criticar que no se haya aprovechado esta coyuntura por la Administración educativa para disminuir la ratio en las aulas", señala el informe anual. Éste especifica que el número de líneas "suprimidas netas" en Andalucía en el curso 2021/2022 en los centros "públicos de Educación Infantil y Primaria ha sido de 239", lo que implica 5.975 "plazas menos ofertadas para dicho curso".

En Granada son ocho las unidades perdidas, según Maeztu. Desde la Administración siempre se ha alegado que "no hemos cerrado ninguna unidad", que hay "3.000 escolares menos" y que entre 2019 y 2022 se han sumado a las plantillas 1.325 docentes más. Este análisis de la Administración difiere del ofrecido por el Defensor, sindicatos y asociaciones de familias de alumnos. Recientemente desde estos ámbitos se impulsó una iniciativa legislativa popular para pedir al Gobierno de la Junta precisamente una bajada de ratio, que actualmente es de 25 menores en Infantil y Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato y FP.

Maeztu señala en su informe sobre 2021 que el descenso en el número máximo de escolares por aula "no solo" se perfila "como una garantía de una educación de calidad" que además da respuesta a una "reivindicación histórica de los profesionales de la enseñanza" sino que "hubiera supuesto una importante medida de seguridad para evitar la propagación entre los escolares de la Covid-19".

Por otro lado, el defensor asume que la "supresión de líneas" se hizo "con estricta observancia" de la normativa. "No obstante, el temor expresado por las familias como por los propios centros es que la supresión de líneas en los niveles de entrada al sistema educativo se traducirá en la eliminación progresiva de clases en los niveles superiores en los próximos años, lo que pudiera suponer, según expresan, la desaparición de algunos de los centros docentes".

El informe se conoce cuando se prepara el próximo curso escolar. Ya ha finalizado el plazo de solicitud de plaza para el 202/2023. En este periodo han sido varios los centros que indican que perderán unidades en Granada, algunos de ellos en la capital como son los casos del Gómez Moreno, el Genil, el Vicente Aleixabndre o Los Cármenes. Para el año académico 2022/2023 la Delegación territorial de Educación oferta 10.750 plazas en 3 años. Se incorporan al sistema los nacidos en 2018, año en el que nacieron 7.441 bebés en la provincia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de los registros más bajos de la serie histórica.

De vuelta al informe anual de la Defensoría, el documento recoge que la pandemia "está teniendo un singular impacto en el ámbito educativo y ha continuado centrando buena parte de las actuaciones de esta institución". Las quejas han tenido como motivaciones la incertidumbre por los "riesgos de contagio". "Nuestro trabajo se ha centrado en comprobar que la Administración educativa ha optado por las medidas de prevención y protección para asegurar que los centros escolares son lugares seguros". 

Se ha abordado desde la oficina de Maeztu tanto las quejas por la imposibilidad de mantener las aulas confortables con las ventanas abiertas en invierno o las condiciones de limpieza, que han supuesto "unos costes económicos extraordinarios para los ayuntamientos que no siempre han podido hacer frente".