La asistencia letrada para los inmigrantes llegados al Puerto de Motril se realiza "de manera colectiva y en unas condiciones inadecuadas para que pudiera ser calificada como idónea y efectiva". Pese a que este aspecto fue negado por el Colegio de Abogados de Granada en diciembre del pasado año, esta ha sido una de las principales denuncias en materia de inmigración que el Defensor del Pueblo ha recogido en su último informe anual, correspondiente al 2018, que realiza en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

Sin embargo, no ha sido el único déficit que ha sido recogida en esta memoria. Y es que además de también haber evidenciado la precariedad de las dependencias policiales del Puerto de Motril destinadas a la custodia de personas migrantes interceptadas en el mar, para las que ha solicitado su cierre, ha expuesto las carencias existentes en la comisaría de Policía Nacional de Motril y la de Policía Local Loja, así como en el centro de internamiento para menores infractores (CIMI) San Miguel de Granada capital.

Denuncia las condiciones “inadecuadas” de asistencia letrada a migrantes en Motril

Durante los últimos meses, las deficiencias en la acogida de inmigrantes en el Puerto de Motril ha sido uno de los aspectos más denunciados por diversos colectivos. Desde sindicatos policiales hasta organizaciones o partidos políticos han puesto en evidencia este aspecto que ya denunció el pasado año el propio Defensor del Pueblo y del que también ha dejado constancia en su último informe anual.

Tal y como recoge en dicha memoria, "por una parte, se inspeccionó de nuevo el centro de acogida y detención preexistente en el Puerto, compuesto por una serie de módulos prefabricados y cuyo cierre ha solicitado esta institución por no reunir las condiciones necesarias para la acogida y permanencias de personas detenidas".

También expone que visitó el campamento levantado en verano del 2018 por la UME para la acogida de inmigrantes –"se componía de 13 tiendas de campaña que servían de alojamientos, cuatro tiendas que servían de comedores, dos tiendas para labores documentales y cuatro módulos de aseo"– del que apreció "la precariedad que presentaban estas dependencias". Pero estas no han sido las únicas instalaciones motrileñas cuyas carencias se recogen en este informe anual. A ello, según el informe, "se informó por la DGP que las tiendas habían sido sustituidas por módulos prefabricados y que, además, se prevé la construcción de unas nuevas instalaciones".

La Comisaría de Policía Nacional de Motril

El Defensor del Pueblo ha evidenciado también ciertos déficit en la Comisaría de Policía Nacional de Motril. Según la memoria, no se cumple de forma adecuada la ausencia de elementos facilitadores de autolesión, la existencia de sistemas sonoros de llamada o de climatización en los calabozos, el registro de cadena de custodia completo, el cumplimiento del libro de registro o la correcta identificación de los agentes.

Imagen de archivo del exterior de la comisaría de Policía Nacional de Motril.

En este sentido se evidencia que "el sistema de videovigilancia de los calabozos (...) no cubre el interior de las celdas", donde además también se solicita la "colocación de interfonos". De igual modo, expone que "si bien permanece un agente en la zona de precalabozos siempre que hay personas detenidas, este no lleva a cabo una vigilancia directa de los detenidos", "se permite el suministro de comida y de agua a los detenidos por terceras personas, lo que constituye una práctica de riesgo" y también se aconseja "incorporar un sistema a las puertas de las celdas que elimine totalmente su posible utilización" con el fin de evitar el riesgo de ser utilizado por los detenidos para autolesionarse.

Comisaría de Policía Local de Loja

La que tampoco se queda exenta de crítica es la comisaría de Policía Local de Loja. Según el Defensor del Pueblo las mayores deficiencias de estas dependencias se encuentran en el acceso o conducción directa a calabozos, la presencia de agentes en la zona de custodia, la existencia de elementos facilitadores de autolesión, el sistema de climatización, la información al detenido sobre el hábeas corpus o la cumplimentación del libro de registro.

Tal es así, que en la ficha de seguimiento de la visita realizada a estas dependencias expone, entre otras cuestiones, que "la conducción de los detenidos hasta los calabozos se realiza a través de la entrada principal", por lo que se sugiere que "los detenidos ingresen en las dependencias por un acceso distinto para evitar que coincidan con el público general y preservar sus derechos al honor y a la propia imagen".

Asimismo denuncia que "las celdas tienen barrotes verticales y horizontales en las puertas y enrejado en las ventanas, lo que podría ser utilizado por los detenidos para intentar autolesionarse o suicidarse".

También se evidencia que "no hay una presencia constante de agentes en la zona de calabozos cuando permanecen personas bajo custodia, lo que puede suponer un riesgo en caso de darse una situación que requiera la asistencia inmediata de los agentes", mientras que de igual modo se expone que "según señaló el personal presente el día de la visita, el abogado suele acudir a las dependencias después de la toma de declaración del detenido", además de que "con carácter general, no se informa a los detenidos de la posibilidad de interponer un procedimiento hábeas corpus durante su detención y este derecho no se incluye en la lectura de derechos escrita".

Denuncia que en la comisaría de Loja existen elementos que pueden facilitar la autolesión de los detenidos

Además, el Defensor del Pueblo denuncia que "se viene advirtiendo que las personas detenidas en fin de semana no son puestas a presencia judicial hasta el lunes, lo que constituye una práctica rechazable de acuerdo con la doctrina constitucional". Así, destaca que "en la visita a la Policía Local de Loja sin ambages se reconoció esta práctica, pese a que las diligencias que se realizan en estas dependencias no suelen ser de especial complejidad".

CIMI San Miguel

Respecto al centro de internamiento para menores infractores San Miguel de Granada, el Defensor del Pueblo ha denunciado que no se cumplen de forma adecuada las visitas de abogados de oficio, mientras que también se incumple de forma parcial el acceso del menor al tutor, el registro de los medios de contención o las quejas y peticiones por escrito de los internos.

Así, en la ficha de seguimiento de la visita se expone que "cuando se utilizan diferentes medios de contención no se diferencia entre ellos a la hora de repartirlos"; que "no se expide siempre copia sellada de las peticiones y quejas que presentan los menores"; o que "la zona de observación no reúne las condiciones idóneas para la permanencia del menor", por lo que se sugiere "llevar a cabo una remodelación de la zona de observación, evitando que coexista con las habitaciones de aislamiento o separación y dotándola de los espacios y enseres necesarios para que cumpla la función con la que fue proyectada".