Presentación del informe anual

El Defensor de la UGR advierte del uso de certificados médicos para pedir "exámenes a la carta"

  • Antonio Ángel Ruiz Rodríguez apunta a la necesidad de “releer” el protocolo contra el acoso y mejorar la Escuela de Posgrado

Presentación del informe del Defensor en el V Centenario. Presentación del informe del Defensor en el V Centenario.

Presentación del informe del Defensor en el V Centenario. / Carlos Gil

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La memoria del Defensor Universitario de la Universidad de Granada, leída ayer en sesión de claustro, puso el acento en el recurso “muy utilizado” de los certificados médicos para justificar la petición de los estudiantes de un cambio de fecha de examen. Así lo indicó el defensor, Antonio Ángel Ruiz Rodríguez, que también manifestó su intención de presentarse de nuevo al cargo para un segundo periodo.

“Yo no soy perito”, justificó Ruiz Rodríguez cuando mencionó la cuestión de los certificados médicos que aportan los estudiantes y las dudas que en ocasiones penden sobre estos justificantes a la hora de pedir un cambio de fechas en un examen.

"Debemos pensar que no hay mala fe", indicó el defensor, que instó a recurrir a la "racionalidad" para dirimir estas situaciones

"Debemos pensar que no hay mala fe”, continuó el defensor, que también indicó en que el mejor recurso para solucionar estas incidencias es recurrir a la “racionalidad”.“Ante situaciones de enfermedad de nuestros estudiantes debemos ser especialmente sensibles, sobre todo ante la inminencia de un examen. Otra cosa es que lógicamente se deban adoptar todas las precauciones necesarias, exigiendo los certificados correspondientes, para que nadie convierta un examen de incidencia en un “examen a la carta”, se puede leer en el informe.

El de los certificados médicos es uno de los puntos sobre los que versó la lectura de la memoria anual, en esta ocasión referida al ejercicio 2018. Los datos refieren que ha habido menos quejas, en concreto, 109. En 2017 se alcanzaron las 114 y en 2016 fueron 157. En cuanto a los amparos, se registraron en el último ejercicio 45, por 39 del de 2017. Ruiz Rodríguez desglosó los datos por fecha y, en este apartado, indicó que “ya no influye tanto” los periodos de exámenes en los repuntes de quejas. El pasado mes de abril se registraron 23, mientras que en septiembre de 2018 apenas fueron cinco. Esto se debe a que, en palabras del defensor, “estamos normalizando” los cambios en la normativa.

En cuanto a quién se queja más, de nuevo es el sector del estudiantado el que más recurre a la Defensoría, con 83 quejas. Le sigue el personal docente e investigador (PDI) con 14 y el personal de administración y servicios (PAS), con 5. El resto, 7, aparece en la memoria bajo el epígrafe de otros. En cuanto al origen, 16 proceden de máster, 10 de departamentos y 10 de Filosofía y Letras. En cuanto a los destinatarios de las quejas, en primer lugar aparece el profesorado (45), seguido por los órganos de gobierno de centros y departamentos (28).

¿Y de qué se quejan quienes recurren al Defensor? En 25 casos la causa estuvo en la evaluación, mientras que otras 19 quejas estuvieron motivadas por el funcionamiento de los servicios universitarios. Como apunte, otras dos tuvieron que ver con casos de acoso, algo que Ruiz Rodríguez explicó por el hecho de que comenzaron su tramitación como tales, se derivaron a la Unidad de Igualdad como determina el protocolo contra el acoso y, tras determinarse que no eran tales, volvieron al despacho del Defensor.

Ruiz Rodríguez insistió en que se se debe dar a conocer mejor la normativa

Tras los datos, se abordaron los pronunciamientos. El defensor incidió en que “debemos mejorar” la manera de dar a conocer la normativa como vía para “garantizar los derechos”. También insistió en que debe apostarse por la “claridad en la información”.

Sobre los casos detectados de tribunales en los que se detectó que no existía un conocimiento preciso sobre la materia –que puede ser de carácter horizontal, como la definió el defensor– abordada por un determinado trabajo de fin de máster o de fin de grado, Ruiz Rodríguez apuntó a la necesidad de que se cuente en esos tribunales con personal conocedor de esas cuestiones. También se puntualizó sobre el derecho y obligación de asistencia a clase, que debe tener en cuenta que hay alumnos que se incorporan una vez iniciado el curso y que no se les debe penalizar por ello. Insistió en la necesidad de las guías docentes como “garantía” y la pertinencia de que los tribunales de revisión apliquen “las competencias que tienen”.

En el capítulo de sugerencias se pidió “clarificar” las distintas evaluaciones –ordinaria, extraordinaria y final– y dar nuevos pasos en el protocolo contra el acoso. En este sentido, instó a “releer” el documento para “mejorar”. También mereció mención en este apartado la necesidad de mejorar la “atención y recursos” de la Escuela Internacional de Posgrado.

Tras la lectura de la memoria, hubo claustrales que expresaron su enhorabuena al defensor y otros que tomaron la palabra para expresar su desaprobación y contar sus propias experiencias en relación con casos tratados en la Defensoría.

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