Granada

Deniegan la justicia gratuita a un vecino de Motril que acude a un comedor social

  • La Junta alega la existencia de "signos externos" que manifiestan la real capacidad económica del solicitante" El afectado ha recurrido, pues existe una orden de embargo de sus bienes

Adolfo Bustos acude a diario a un comedor social de Motril porque carece de recursos. Recibe además una ayuda de la Junta de Andalucía de 402,13 euros mensuales. Sin embargo, la misma administración que le está ayudando a subsistir por su delicada situación económica le ha denegado la justicia gratuita. Según la documentación del caso a la que ha tenido acceso este diario, la Junta basa su decisión en la existencia de signos externos (propiedades, rentas, rendimientos dinerarios, vehículos, etc) que ponen de manifiesto, a su juicio, "la real capacidad económica del solicitante".

Ante ello, el hombre, al que está ayudando desinteresadamente el letrado Torcuato Labella en este proceso, ha recurrido alegando que sus bienes están embargados. Este diario ha tenido acceso, de hecho, a una diligencia de embargo preventivo aportada por el afectado en su recurso, en la que se especifica que sus deudas superan los 40.000 euros. Asimismo, Adolfo ha aportado un certificado que acredita que es usuario del comedor social de la Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza de Motril.

"La propia Junta de Andalucía que me deniega el derecho de justicia gratuita me concede una ayuda económica de 402,13 euros mensuales durante seis meses", señala en su recurso. Es por ello que confiesa resultarle "extraño e incluso de poco rigor" que en la resolución de su expediente, emitida el 25 de marzo, se aprecien los antes mencionados signos externos de posesión de bienes.

El afectado garantiza en sus alegaciones que está recibiendo ayuda de la caridad cristina (Cáritas) y aporta asimismo un documento firmado por una trabajadora social del Ayuntamiento de Motril en el que se ratifica que "vive solo y se encuentra en situación de exclusión y marginación social".

El hombre no duerme a la intemperie, pero en los próximos meses espera que se produzca el lanzamiento de su vivienda, al existir, según Labella, un procedimiento judicial en curso instado por su entidad bancaria debido a los impagos de la hipoteca.

Adolfo solicitó la justicia gratuita, según el letrado, para pedir que se revocase el archivo de una denuncia que formuló en su día tras la muerte de su madre, al considerar que podía haber sido víctima de una negligencia médica. En concreto, Adolfo quería interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Motril.

El abogado explicó que le está ayudando porque su padre y el del afectado eran muy amigos. "Yo le he asegurado siempre sin cobrar un solo céntimo", manifestó Labella. "Lo sorprendente de este tema es que se dé la justicia gratuita a usuarios con más ingresos que él, que vive casi en la indigencia", opinó el letrado, al tiempo que recordó que todo el mundo tiene derecho a la defensa.

La denegación de justicia gratuita para Adolfo fue acordada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Granada, en la sesión celebrada el 24 de marzo, "de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996", que regula la justicia gratuita.

La ayuda económica de la Junta que cobra el afectado es el Ingreso Mínimo de Solidaridad, que consiste en una prestación mensual del 62% del Salario Mínimo Interprofesional vigente. La solicitó en noviembre del año pasado y el 4 de marzo la Comisión Provincial de valoración del Programa de Solidaridad resolvió concederle esta medida.

Adolfo pidió en su escrito de recurso, fechado el pasado 9 de abril, que "se declare la nulidad de la resolución recurrida, por ser radicalmente nula", y que se dicte otra resolución que establezca que tiene derecho a la justicia gratuita "por carecer de ingresos".

La diligencia de embargo preventivo de los bienes de Adolfo fue emitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el marco de un expediente administrativo que se le abrió por deudas contraídas frente a la Seguridad Social entre 2009 y 2012. La deuda ascendía inicialmente a unos 28.000 euros, que se han convertido en más de 40.000 debido a los recargos e intereses. En la diligencia de embargo se señala que figura como titular de pleno dominio de una quinta parte indivisa por donación de "una suerte de tierra de secano, hoy de regadío extensivo" en Almuñécar.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, aclaró sobre estos procesos en general que es la Junta la que adopta la resolución y que, antes de hacerlo, "realiza las averiguaciones patrimoniales oportunas". En cualquier caso, recordó que son miles los expedientes que se tramitan y muchos los recursos que se interponen, siendo al final un juez el que tiene la última palabra.

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