La Asociación Justicia Por la Sanidad, liderada por el doctor Jesús Candel, conocido como Spiriman, ha comunicado al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude una posible irregularidad en el uso de fondos europeos Feder en la compra de 7,5 millones de mascarillas quirúrgicas por la Junta de Andalucía

Según ha informado en un comunicado de prensa este colectivo, que ha tenido acceso a información solicitada al Servicio Andaluz de Salud (SAS) con arreglo a la Ley de Transparencia, estas mascarillas fueron distribuidas en juegos de tres unidades a personas mayores de Andalucía con el logotipo de la administración autonómica.

La asociación ha detectado la que considera "una posible irregularidad" relacionada con la modificación del objeto del contrato y el no cumplimiento con los plazos previstos en la legislación de contratos del sector público para aquellos tramitados por el procedimiento de emergencia.

Justicia por la Sanidad ha puesto los hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de la Intervención General de la Administración del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda, para que se investiguen y que se depuren responsabilidades ante la "posible irregularidad o fraude cometido".

El colectivo ha recordado que debe tenerse en cuenta que la regulación europea de los fondos Feder exige el cumplimiento de la normativa interna de cada Estado miembro y que en el caso de este contrato habría varios incumplimientos legales en materia de contratación.

En la memoria económica del contrato se estimó, según la asociación, que el importe económico de suministros necesarios de medios de protección para profesionales en la lucha contra la pandemia alcanzaba la cifra de 119,21 millones de euros, por lo que el director gerente del SAS firmó un acuerdo de tramitación de emergencia para adquisición de equipos de protección individual.

El destino eran los centros sanitarios del servicio andaluz de salud para la atención y prevención ante la pandemia de la covid-19.

El SAS adjudicó el contrato de suministro de equipos de protección individual (EPI) para satisfacer las necesidades de abastecimiento de los centros sanitarios por un importe de 117,41 millones que se distribuyó en 60 lotes, mientras que el lote 27 se habría adjudicado a la empresa Diseño y Aplicaciones del No Tejido SL por 2,5 millones, ha indicado.

No obstante, según la asociación, el SAS no había pedido a dicha empresa equipos EPI ni la mercancía se distribuyó a los centros sanitarios para proteger a sus profesionales, sino que se compraron 7,5 millones de mascarillas quirúrgicas con el logotipo de la Junta de Andalucía para distribuirlas a las personas mayores de 65 años de Andalucía "cambiando el objeto del contrato sin modificarlo previamente".

Además, ha recordado que legalmente la mascarilla quirúrgica es un producto sanitario "no estando clasificado como equipo de protección individual (EPI)", dado que no protege de un posible contagio a su usuario.