La Oficina de Okupación de Granada, Stop Desahucios Granada 15M y el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Granada, junto con ocho personas más, presentaron el 21 de febrero una denuncia penal por el caso de "desalojo ilegal, abuso de autoridad, agresiones y uso desproporcionado de la fuerza, de la policía local y nacional" durante el desalojo del antiguo edificio de Emuvyssa de Granada en la calle Lepanto el día 26 de enero de 2022.

Según informan en un comunicado, los hechos comenzaron sobre las 09:30 cuando "un dispositivo de la policía local rompió la cerradura del portal y entró al edificio junto a representantes de la propiedad: la Fundación San Francisco Javier y Santa Cándida. Los agentes desalojaron a las familias “por las buenas o por las malas” y lanzaron sus pertenencias a la calle desde los balcones entre risas: “no queríais vuestras 
cosas, ahí las tenéis”, figura en la denuncia.

Durante el día, se dieron momentos de tensión que aseguran que "agravó la policía". La abogada María Gallego trasladó al dispositivo policial que el desalojo que se estaba ejecutando era ilegal puesto que no había ni consentimiento de los habitantes, ni flagrancia delictiva ni orden judicial y a pesar de que trató de mediar con el operativo, este hizo caso omiso e impidió que pudiera acceder al interior para hablar con 
las personas representadas. Los agentes justificaron su actuación por considerarlo delito flagrante, a pesar de que las familias llevaban tiempo residiendo en el edificio, hecho que demostró la letrada.

Sobre las 16:00 horas el dispositivo inicial junto a un operativo de la UPR (Policía Nacional) "cargó con violencia sobre las personas que se encontraban en la calle provocando hematomas, contusiones, heridas…, lesiones que han sido denunciadas por seis de las personas afectadas", denuncian.

También se ha denunciado a la Fundación San Francisco Javier y Santa Cándida, con sede en la Facultad de Medicina y en cuyo patronato participa la Universidad de Granada, que se define a sí misma por sus objetivos: asistenciales, sociales y científicos. Esta Fundación es la dueña del inmueble tras comprarlo al Ayuntamiento de Granada en julio  de 2021 y lleva una década en desuso, desde la liquidación por parte 
del Consistorio de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo Emuvyssa.

"Recordamos que el Ayuntamiento de Granada se comprometió a no participar en desahucios de familias vulnerables, incluyendo la no participación de la policía local y garantizar alternativa habitacional", concluyen en el comunicado en el que indican que más de 40 organizaciones sociales y sindicales 
de Granada y otras ciudades se han adherido en un manifiesto a la denuncia pública.