La diputada provincial de Bienestar Social de la Diputación de Granada, Olvido de la Rosa, ha alertado de que la Junta “puede dejar sin atención” a 3.376 personas de la provincia con problemas asociados a las drogodependencias debido a los retrasos en las transferencias de la Administración autonómica, que ascienden a 935.000 euros en el caso de la Diputación.

La diputada aseguró que la Diputación ha venido asumiendo las competencias sobre drogas, a través de la firma de convenios anuales, en los que también se incluían los ayuntamientos de Guadix, Loja, Baza y Almuñécar.

Ahora, el nuevo Gobierno andaluz “ha transferido las competencias sobre drogodependencias desde la anterior Consejería de Igualdad y Políticas Sociales al Servicio Andaluz de Salud”. Este traslado de competencias ha desembocado en “numerosas dificultades” para poder proceder a la firma de los convenios entre el SAS y las diputaciones provinciales, ayuntamientos y entidades sociales.

Esto, según De la Rosa, “se está traduciendo en dificultades económicas por parte de estas administraciones y entidades sociales, debido a la falta de las aportaciones que la Junta de Andalucía está obligada a financiar y que no está haciendo y todo ello sin dar ninguna explicación política”.

También se ha referido al programa andaluz de prevención comunitaria Ciudades ante las drogas, que se viene desarrollando desde el año 1987 en los pueblos y ciudades andaluzas. Hace un mes, ha explicado, la Consejería de Salud y Familias publicó la orden para la concesión de las subvenciones necesarias para hacer frente a los gastos que suponen estos programas y “a fecha de hoy, ni ayuntamientos ni asociaciones han podido solicitar porque no se ha abierto el plazo”.

“Es evidente”, ha puntualizado la diputada, que los ayuntamientos que están desarrollando estos programas y que en el caso de la provincia de Granada son un total de 17, más dos mancomunidades, no van a recibir ninguna subvención, “lo que está obligando a algunos ayuntamientos a dejar de realizar las actividades preventivas previstas”.

Igualmente, ha apuntado, las 12 asociaciones que trabajan en la provincia, “algunas desde hace 30 años, tampoco recibirán la subvención, quedando endeudadas y sin posibilidades de continuar desarrollando estos programas tan necesarios”.

Por todo ello, desde la Diputación, y desde el área de Bienestar Social, y ante la gravedad de la situación, Olvido de la Rosa ha destacado que es urgente mantener las reuniones necesarias entre los responsables de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y de las diputaciones, para abordar “cuanto antes el vacío competencial actual que se ha generado” y que “comienza a afectar al normal funcionamiento de todos estos centros y programas”.

“Con el traslado de las competencias al SAS, todo lo conseguido está en peligro”, ha señalado la diputada, y ha añadido que las decisiones “carentes de fundamento del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, están haciendo que todo lo construido durante 34 años de intenso trabajo por parte de profesionales, instituciones y entidades sociales, se tambalee en menos de un año”.

Hasta ahora, los diferentes Planes autonómicos sobre Drogas que se han ido desarrollando en Andalucía, han venido a dar respuestas tanto en el aspecto preventivo como en el asistencial a esta compleja problemática, “frente a la imposibilidad del sistema sanitario de dar una respuesta integral”.