"Vivamos donde vivamos, tenemos derecho a servicios públicos de calidad". Ya sea en pleno centro de la capital granadina o en un remoto anejo de la Alpujarra, todos los ciudadanos deben tener acceso a unos servicios dignos que cubran sus necesidades. Simplificando mucho, este es el principal objetivo de la Diputación Provincial, que tiene que asegurarse de que todos los granadinos, procedan de donde procedan, tengan garantizados esos derechos, que van desde el acceso a la cultura y al deporte hasta unas infraestructuras de calidad y oportunidades para la creación de riqueza y empleo.

Entre esos derechos, la Diputación también vela por el acceso a los servicios financieros, un derecho fundamental y "privatizado" que no pasa por su mejor momento debido a la crisis económica y los continuos procesos de reestructuración bancaria. En la lucha entre el ciudadano David y las entidades Goliat, la Diputación se ha puesto de parte del primero.

El presidente de la institución provincial, José Entrena, recordó ayer que la lucha contra la exclusión financiera se ha convertido en un asunto prioritario para su equipo de Gobierno, que lo ha llevado hasta el Defensor del Pueblo andaluz y que mantiene conversaciones con las entidades para restablecer los servicios en aquellos municipios que se han quedado sin sucursal, sin cajeros y sin ventanillas desplazadas. "Cerrar servicios es como que se cierren los pueblos", explicó ayer Entrena, que anunció la intención de la Diputación dar un paso más allá en la lucha contra la exclusión. Si en septiembre las entidades financieras no aportan soluciones, la institución "seguirá su camino" y 'vetará' a aquellos bancos que no se comprometan. ¿Cómo? Excluyéndolos de las operaciones de préstamos y de tesorería que saquen a concurso. Hasta ahora, la Diputación contrataba los préstamos con las entidades que ofrecían la mejor oferta, pero el organismo está dispuesto a pagar "una décima más de intereses" si la entidad financiera con la que cierra el contrato cumple con su "responsabilidad social" y se compromete a darle una solución a los ciudadanos que sufren exclusión financiera.

El presidente de la Diputación indicó que no exige que haya una oficina abierta de lunes a viernes, pero recordó que "entre eso y la nada hay un camino y un acuerdo al que hay que llegar".

La exclusión financiera es una de las principales preocupaciones de la Diputación, pero no la única. El equipo de Gobierno de la institución, que realizó ayer el balance del ecuador del mandato, expuso ayer otra de sus prioridades: lograr invertir más de 30 millones 'cautivos' por las leyes de austeridad del Gobierno central. José Entrena recordó que la Diputación está en disposición de invertir 23 millones de recursos propios y otros 8 millones de superávit en mejorar los servicios de los municipios a los que atiende, pero que la regla de gasto impuesta a las entidades locales lo impide. "Que nos dejen invertir. No queremos que nos obliguen a destinar ese dinero pagar préstamos, queremos invertirlo en desarrollo y en creación de empleo", indicó Entrena, que aseguró que esta 'bolsa' de recursos es fruto de la "solvencia" de la institución.

En su balance, el presidente de la institución provincial indicó que, pese a estas limitaciones, la Diputación ha hecho un gran esfuerzo por trasladar a los municipios de la provincia todos los recursos posibles, contribuyendo a la creación de riqueza y empleo. Entrena, que también destacó la apuesta del organismo por "las políticas sociales y los servicios públicos de calidad", destacó que en el último bienio el área de Obras Públicas ha invertido 54 millones de euros en la provincia, lo que ha permitido a su vez la creación de 15.140 puestos de trabajo. Entrena destacó especialmente la inversión derivada del plan de carreteras, que ha alcanzado una cantidad histórica - 16,8 millones- y que ha permitido actuar en vías de la red provincial que llevaban más de 30 años "olvidadas".