Dos de los acusados del caso Serrallo, los concejales del Partido Popular Juan Antonio Fuentes y Telesfora Ruiz, acaban de poner a disposición del Juzgado sus pisos y planes de pensiones como aval para cubrir la fianza impuesta antes de la celebración del juicio del caso Serrallo, donde se investiga la posible construcción ilegal de una discoteca junto al centro comercial.

La jueza instructora, María Ángeles Jiménez, dictó en mayo pasado el auto de apertura de juicio oral (al que tendrán que enfrentarse los 17 investigados) y fijó una fianza de 2 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades económicas que se deriven al final del proceso.

Desde entonces, los acusados, que estaban obligados a hacer frente a esa cantidad de forma solidaria, han ido retardando ese abono de diferentes modos. El primero estuvo liderado por el exalcalde José Torres Hurtado, que compareció en el juzgado en junio para presentar una póliza de seguro del Ayuntamiento de Granada. A su juicio, el contrato cubría este tipo de fianzas judiciales a todos los representantes políticos y funcionarios del Ayuntamiento. Dado que la mayoría de acusados tenían esa condición, los mismos se suscribieron también a ese intento de cobertura de la póliza.

Pero la jueza hizo una consulta a la empresa aseguradora y ésta contestó después del verano para decir que los acusados no estaban cubiertos por la póliza, entre otros motivos, porque los hechos investigados están fuera del tiempo de vigencia del seguro.

En paralelo, la mayoría de los acusados han presentado recursos y escritos de queja ante la Audiencia, en los que piden que se revise esa fianza y se imponga de un modo individualizado.

El tribunal ordenó a la jueza en septiembre que resuelva los recursos sobre las fianzas, lo que está ocasionando otro retraso en esta cuestión previa al envío del sumario a la Audiencia para la preparación del juicio oral.

No obstante, 2 de los 8 ediles del PP acusados en este caso han dado un paso adelante y acaban de enviar al Juzgado escritos en los que hacen constar los datos de sus viviendas como garantía para la fianza.

"Si bien esta parte proclama su inocencia y la improcedencia de que preste la fianza exigida, y para que se tache jamás a mi mandante de no colaborar con la justicia", Juan Antonio Fuentes y Telesfora Ruiz presentan sus bienes "a efectos de la fianza requerida por el Juzgado".

En ambos casos los bienes inmobiliarios que han presentado (por valor de 75.000 y 338.650 euros respectivamente) tienen cargas hipotecarias. La antigua concejal de Movilidad, Telesfora Ruiz, ha presentado también su plan de pensiones como parte de esa garantía.

Además de los 17 acusados, la jueza del caso incluyó a empresas y administradores de las mismas como posibles partícipes a título lucrativo. Estos también están vinculados por la exigencia de fianza.

El sistema de pago solidario implica que todos tienen que responder hasta que se cubran los 2 millones de euros solicitados. Una de las partes del proceso, el empresario que se considera perjudicado por los posibles delitos (Abel Pizarro) reclamó al Juzgado que exija a la empresa propietaria del Centro Comercial Serrallo que responda son sus bienes a esa fianza, dado que se trata de la sociedad que en origen era propiedad del empresario acusado, Roberto García Arrabal, y además fue la promotora de la discoteca cuya construcción se está investigando.

Los acusados esperan una nueva resolución de la jueza en la que se motive su decisión respecto a la fianza o cambie los criterios seguidos. El letrado de Torres Hurtado, como el resto de los principales acusados, lamentó en un escrito la "motivación raquítica" que la magistrada habría reflejado en su auto para sostener esa imposición de fianza. A su juicio, se trata de una resolución "carente de argumentos respecto a la determinación de la cuantía, a su necesidad, a los criterios que acreditan la existencia de perjuicio".