El Partido Popular denunció ayer que la Consejería de Educación debe 1,7 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia en materia educativa. En concreto, la parlamentaria andaluza Marifrán Carazo aseguró que esa deuda corresponde a programas e infraestructuras educativas, una cifra reconocida por el Consejo de Gobierno Andaluz en respuesta parlamentaria, según el PP.

La portavoz popular en materia educativa señaló ayer que la deuda de subvenciones de programas asciende a 49.743 euros, en concreto a los planes de cualificación inicial para los municipios de Maracena, Colomera y Las Gabias. Con respecto a programas de absentismo escolar, la Junta adeuda 14.750 euros a los ayuntamientos de Granada, Guadix, Motril, Huétor Tájar, Íllora y Loja. "Una cantidad pequeña pero que sin embargo dificulta la puesta en marcha de estos programas tan necesarios para paliar el absentismo escolar en nuestra provincia", apuntó Carazo.

Por otro lado, la parlamentaria reprochó en su intervención ante la prensa a la Consejería de Educación por la deuda que mantiene con la provincia de Granada para subvenciones de equipamiento, construcción y ampliación de centros, cuyo importe total asciende a 1,5 millones de euros.

La portavoz popular desglosó la deuda ayuntamiento por ayuntamiento, siendo el más afectado Cúllar Vega con una deuda de 427.000 euros, seguido de Huétor Santillán, al que le debe Educación 300.000 euros; Montejícar, con 298.000 euros; Purullena (171.000 euros); Guadahortuna (168.000); Pedro Martínez (131.000); Otívar (56.000), y Huétor Vega (20.000 euros). Estos datos, según Carazo, son "una muestra más del abandono de la Junta a nuestra provincia, siendo Granada una de las más deficitarias en infraestructuras educativas en toda Andalucía", criticó la parlamentaria.

A juicio de Carazo, "los impagos de la Consejería de Educación se repiten en todas y cada una de las Consejerías". Además, aseguró que "la Junta está aplicando constantemente la política de 'yo invito y los ayuntamientos pagan', siendo los principales damnificados por esta mala práctica los consistorios que tienen que adelantar el dinero para que se pongan en marcha los programas y construcciones de centros siendo 100 % competencia de la Administración Autonómica", aseguró la parlamentaria del PP por Granada.