La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, anunció ayer en el Pleno del Parlamento que la administración autonómica ha elaborado una orden de ayudas individuales, que actualmente se está tramitando, con la que garantizar el servicio de comedor al alumnado con necesidades socioeducativas especiales para solventar así el conflicto surgido con determinados centros concertados, sobre todo en Granada, que han dejado de prestar este servicio por problemas de índole técnico-administrativa que derivaron en el impago a proveedores, hecho ya investiga la Fiscalía.

La situación, según precisó ayer a Europa Press el secretario general de Escuelas Católicas -patronal que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la comunidad andaluza- en Granada, Manuel Marchante, ha derivado en el acuerdo de una concentración para el jueves 19 de noviembre, aprovechando la celebración del Día de los Derechos de la Infancia una jornada después, en las Delegaciones Territoriales de Educación de aquellas provincias donde existan centros afectados por esta tesitura: Granada, Cádiz, Málaga y Huelva.

Aunque en principio lo acordado se ciñe a Granada, los promotores llamarán a la participación del resto de provincias, manifestó Marchante, que también ha dado cuenta de una protesta para el miércoles 2 de diciembre, en esta ocasión en el Palacio de San Telmo de Sevilla capital, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, "a la que queremos que como mínimo vaya un autobús por centro".

Durante el Pleno, y a sendas preguntas del Grupo Popular y el Grupo Socialista, De la Calle explicó que esta nueva orden, en tramitación, ya ha recibido la aprobación técnica y está en fase de recibir los informes jurídicos preceptivos. Una vez se cuente con ellos, se dará trámite de audiencia a las entidades involucradas, "que están permanentemente informadas y con las que se mantiene una interlocución fluida para alcanzar una solución", aclaró. "Estamos trabajando con toda la diligencia para dar respuesta a este asunto, que es una absoluta prioridad para este gobierno", aseguró la titular andaluza de Educación, que aludió a la necesidad de cumplir los plazos del procedimiento administrativo para dar respuesta a un servicio para el que la Intervención y la Cámara de Cuentas denegaron la validez del método del convenio usado durante los últimos años.

Por otra parte, la Junta ha ofrecido "toda su colaboración" a la Fiscalía de Granada en su investigación. El delegado de Educación, Germán González, mostró ayer su "respeto absoluto a la tarea judicial" y garantizó que desde el Gobierno andaluz se dará "cumplida respuesta" a la petición de la Fiscalía y se le remitirá el informe que ha solicitado para conocer el fondo del asunto.