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¿Educación para tod@s?

  • Preocupa la falta de promoción de la educación pública por las administraciones, que brindan a las familias inmigrantes orientación e información muy deficientes sobre sus servicios y garantías

Las administraciones públicas son las responsables de velar por el bienestar de todas las personas que residen en el territorio, garantizando que se cubran las necesidades de los colectivos más vulnerables y promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos. En el caso de la educación pública, el sistema brinda una serie de servicios que son imprescindibles para que las familias con mayores dificultades económicas no vean mermado su derecho a una educación de calidad, como lo es la gratuidad del comedor escolar o las bonificaciones económicas. Además, el sistema prevé una serie de medidas para facilitar la incorporación del alumnado extranjero en el sistema educativo español, gracias a la implementación del programa ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) y dando cabida a la mediación intercultural en los centros educativos como herramienta para la gestión de la diversidad en las aulas.

No obstante, en nuestra labor diaria estamos detectando que un gran número de familias inmigrantes se incorporan al sistema educativo concertado en lugar de hacerlo en el público. Nos preocupa la falta de promoción de la educación pública por parte de las propias administraciones competentes, que brindan a las familias inmigrantes orientación e información muy deficientes acerca del sistema educativo público, de sus servicios y garantías. Con demasiada frecuencia somos testigos de que el criterio que prima para la asignación de un centro educativo es el de la cercanía del mismo a la residencia de la familia, sin atender a la situación socioeconómica de ésta ni a las necesidades idiomáticas de los menores que se incorporan al sistema educativo.

Al asignar centro no se atiende a la situación socioeconómica ni a las necesidades idiomáticas

Así, aunque teóricamente hay un sistema educativo público que cubre las necesidades del alumnado inmigrante, en la práctica se producen numerosos casos de exclusión. Ejemplo claro de ello es el acceso a la atención socioeducativa para menores de tres años, concebida como una importante medida para la conciliación familiar y laboral. Las familias cuya madre o padre se encuentre en situación administrativa irregular encuentran en la práctica muchos obstáculos para acceder a la bonificación para poder costear dichos centros educativos. Paradójicamente, para poder regular su situación administrativa necesitarían contar con una oferta de trabajo, pero la búsqueda de empleo se dificulta considerablemente por no contar con un recurso de conciliación. Se trata, por tanto, de una pescadilla que se muerde la cola. La única salida que se les puede brindar a estas familias pasa por que el Ayuntamiento de Granada les otorgue ayudas sociales para costear el acceso a guarderías privadas, ya que la oferta de la escuela privada resulta más económica que el coste de una escuela infantil pública sin bonificación, que asciende a 278,88 euros mensuales. De esta manera, el sector público acaba financiando las medidas de conciliación en el sector privado, pervirtiéndose totalmente el sistema de gestión del dinero de todos los contribuyentes.

Por otra parte, es preocupante la falta de apoyo que se brinda para la adquisición del idioma español, que es con total certeza el elemento más importante para lograr la inclusión educativa. Consciente de ello, la Junta de Andalucía creó el Programa ATAL, aulas especializadas orientadas a la adaptación lingüística del alumnado. Sin embargo, desde hace varios años se están detectando incidencias graves en el funcionamiento de las mismas, ya que frecuentemente adolecen de falta de personal, se produce una tardanza en la incorporación de los profesionales en las mismas o incluso hemos comprobado que algunos centros educativos desconocen la existencia del programa, por lo que éste no es ofertado a las familias y cae totalmente en el olvido. Por otra parte, es importante no segregar a los alumnos y alumnas que requieren de un apoyo lingüístico, y por ello consideramos que debería apostarse por la "inmersión directa" en las clases ordinarias, evitándose así posibles situaciones indeseables que se detectan en algunas "aulas de convivencia", que pasan a convertirse, si no están bien gestionadas, en cajones de sastre donde se separa tanto a los alumnos recién llegados como a otros que presentan problemas en el aprendizaje. Una realidad similar sucede en algunos centros educativos a los que se deriva a gran cantidad de las familias inmigrantes, convirtiéndose en "centros gueto" que dificultan enormemente la igualdad de oportunidades y, por tanto, se convierten en una amenaza para la cohesión social y la convivencia.

La riqueza cultural y la mayor presencia de niñas y niños de diferentes orígenes en nuestras escuelas es ya una realidad cotidiana. Por ello, los profesores deberían contar con herramientas eficaces para la gestión de la diversidad en las aulas, así como los conocimientos necesarios para trabajar con las familias, sensibilizar a toda la comunidad educativa e implicar a todos los agentes que participan en el desarrollo de los alumnos en la construcción de una ciudadanía más libre e intercultural, donde tengan cabida las identidades múltiples y donde todas y todos encuentren su lugar. Además, debería volver a apostarse por la figura de los mediadores interculturales, que -no limitándose a la resolución puntual de conflictos- suponían un importante apoyo para los centros educativos en el trabajo diario con una comunidad educativa diversa. La administración ha optado por externalizar este trabajo, que se ha asumido desde distintas organizaciones sociales. Lamentablemente, en los últimos años se ha recortado drásticamente la partida destinada a la ejecución de los proyectos de mediación y atención a la diversidad, y este recorte presupuestario hace inviable que podamos mantener el servicio de calidad y cooperación que requiere una realidad tan compleja.

Desde Granada Acoge instamos a las administraciones competentes a que vuelvan a asumir su rol en la construcción de la ciudadanía del futuro, destinando recursos para garantizar el acceso efectivo al derecho de la educación de todo el alumnado residente en Andalucía y brindando a los profesionales de la educación las herramientas necesarias para que ningún menor de origen inmigrante vea mermadas sus oportunidades.

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