Tribunales

La Fiscalía de Granada pide 20 años de cárcel al acusado de favorecer la inmigración ilegal

  • Hay otros dos acusados para los que se piden cuatro años de prisión

Desembarco de inmigrantes en Motril Desembarco de inmigrantes en Motril

Desembarco de inmigrantes en Motril / Carlos Gil

La Fiscalía de Granada ha pedido 20 años y medio de prisión en sus conclusiones provisionales para el principal acusado de pertenecer a una organización que introducía inmigrantes marroquíes de forma ilegal en España mediante pateras o contratos ilegales, a algunos de los cuales llegaban a secuestrar.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, se atribuyen al acusado Abdelkrim G. los delitos de secuestro, contra el derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores. Por ello ha solicitado para él también cerca de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El juicio comenezará el próximo 18 de noviembre en la Audiencia de Granada, y en él también habrá dos acusados más: Hayat B.I., para que la que se piden 4 años de cárcel por un delito contra los ciudadanos extranjeros, y Mostapha G., al que solicita esa misma pena, además de otros 9 meses de prisión por otro delito contra los derechos de los trabajadores.

La investigación comenzó a primeros del año 2018 en Motril, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de varias personas afincadas en la costa de Granada que, de manera organizada y con estructura estable y jerarquizada, se dedicarían al favorecer la inmigración clandestina de ciudadanos extranjeros desde Marruecos, según el relato fiscal.

En algunos casos, participarían en la gestión de los viajes y en otros recogerían a los inmigrantes una vez que llegaban a la costa española y les facilitaban, ya en territorio nacional, manutención y alojamiento para proponerles un empleo de manera ilegal en explotaciones agrarias propiedad de las personas investigadas.

También les facilitaban de manera "mendaz" contratos de trabajo irreales o simulados para que pudieran obtener su permiso de residencia y trabajo en España con altas ficticias de dichos inmigrantes en la Seguridad Social con las que estos pudieran luego obtener de manera fraudulenta subsidios públicos españoles.

Dicha actividad se hacía siempre a cambio de importantes sumas de dinero, cuyo pago siempre se aseguraba por los investigados y a veces incluso tenían que atentar contra su libertad por llegar a retenerlos en viviendas alquiladas hasta poder cobrar de ellos o a través de familiares.

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