La Fiscalía de Granada solicita seis años de prisión y una multa cercana a los tres millones de euros para dos empresarios dedicados a la explotación de espectáculos a través de un entramado fraudulento de empresas en las que dieron de alta a más de una decena de trabajadores sin abonar las cuotas de los seguros sociales, con lo que llegaron a distraer más de 483.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para no ser descubiertos, traspasaban a los empleados a las empresas sucesivamente creadas a lo largo de seis años sin ingresar las cuotas de los seguros sociales y utilizaban domicilios ficticios para dificultar cualquier tipo de investigación, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

El objeto social de estas empresas estaba centrado en la explotación de hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, salas de fiestas y espectáculos, además de prestación de servicios de ocio y entretenimiento.

A los dos acusados, dos hombres de 70 y 45 años de una misma familia, ya les constan sentencias previas por defraudación tributaria, aunque esta causa se centra en el periodo comprendido entre 2010 y 2016, cuando llegaron a crear seis empresas con diferentes objetos y domicilios sociales para dar la falsa apariencia de que eran negocios independientes, pero en realidad siempre desarrollaban la misma actividad, la explotación de espectáculos, con una dirección única.

Formaban así, a juicio del fiscal, un "único grupo empresarial fraudulento centrado en crear empresas sucesivamente dedicadas a la misma actividad y "generando desde el primer momento deudas por impago de los seguros sociales de sus trabajadores", que no eran conocedores de esta situación ni de los "pingües beneficios" que supuestamente obtuvieron de esta manera.

La Fiscalía les acusa de un delito continuado contra la Seguridad Social por el que solicita para cada uno de ellos seis años de prisión, multa de 2,8 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante ocho años. Serán juzgados el próximo 1 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.