Granada

La Fiscalía investiga irregularidades de IVA en Cetursa desveladas por la Agencia Tributaria

  • En paralelo al seguimiento que la propia Junta de Andalucía impulsó el año pasado, la AEAT inició una inspección de la empresa de Sierra Nevada que ha acabado en manos del Ministerio Público.

Cetursa gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. Cetursa gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada.

Cetursa gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada.

Comentarios 1

La investigación que la Fiscalía de Granada mantiene abierta sobre la gestión de Cetursa Sierra Nevada tiene su origen en una inspección llevada a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que detectó una serie de irregularidades tributarias, en particular relacionadas con las declaraciones de IVA

La Fiscalía Provincial de Granada confirmó hace unos días que mantiene abiertas unas diligencias de investigación para determinar si hay indicios delictivos en la actuación de algunos de los responsables de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada y que depende de la Junta de Andalucía. Para ello ha requerido la actuación de la Policía, que está practicando algunas de esas pesquisas y ha requerido documentación a la sociedad. 

Aunque oficialmente no ha trascendido el contenido de esa investigación fiscal, este diario ha podido saber que el origen de las diligencias en el Ministerio Público es una información remitida por la Agencia Tributaria, que en una inspección propia había detectado una serie de irregularidades relacionadas con el abono del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Las actuaciones de comprobación que desarrolla la Agencia Tributaria a través del procedimiento de inspección pueden poner de manifiesto hechos susceptibles de ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública. En tal caso, una vez que este organismo estatal culmina su trabajo, puede presentar su informe ante los órganos judiciales correspondientes, como colaboración activa en la lucha contra el fraude fiscal.

En noviembre de 2017 la Cámara de Cuentas de Andalucía hizo público un informe de fiscalización del grupo Cetursa SA, correspondiente al año 2015. Aquel trabajo, que puso de relieve una serie de incumplimientos de la legalidad vigente en la materia de contratación, política laboral o retribuciones, fue una especie de terremoto político dentro de la propia Junta de Andalucía, que a partir de ese momento inició una serie de averiguaciones internas y puso en marcha decenas de medidas para controlar y rectificar ciertas actuaciones en el seno de la empresa pública de Sierra Nevada.

Aquel informe fiscalizador también puso en entredicho la gestión llevada a cabo hasta ese momento por la consejera delegada, María José López, dado que el documento mencionaba indicios de posible "responsabilidad contable" por "menoscabo de los fondos públicos". Pero el documento fue llevado a la Fiscalía el año pasado por una sección sindical de la empresa y el Ministerio Público archivó aquellas diligencias al considerar que no existían delitos penales en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El informe, que sí puede tener recorrido en el Tribunal de Cuentas o en la investigación interna abierta por la Intervención General de la Junta, señalaba una serie de irregularidades que tienen que ver con cuestiones tributarias, al margen de lo relativo a nóminas, incentivos y complementos pagados a directivos y otros trabajadores que acapararon la mayor parte de la atención en los medios y en los grupos políticos de la oposición a lo largo del año pasado.

En particular, el documento ponía de relieve que la empresa pagó a algunos empleados retribuciones en especie, sin que se realizaran las retenciones y pagos a cuenta que regula la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Pero los 10.814 euros que no se habrían retenido en el año 2015 suponen una cantidad escasamente significativa, a diferencia de otras irregularidades relacionadas con las compraventas de bienes, y propiedades o las obras y reformas realizadas.

Señalaba el informe la existencia de bienes por valor de 11 millones de euros, adquiridos por Cetursa a Promonevada (sociedad del mismo grupo), que no se habían escriturado "para evitar el devengo del impuesto de plusvalía por el incremento del valor de los bienes". 

Aquel informe propició el inicio de un seguimiento especial por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía y otra serie de medidas de control, aunque en paralelo la Agencia Tributaria había iniciado también una inspección que ha desembocado en la actual investigación del Ministerio Fiscal por las irregularidades tributarias detectadas. 

La consejera delegada que fue señalada entonces acaba de ser destituida hace unos días, pero no por aquellas irregularidades de gestión, sino por el cambio político en el Gobierno de la Junta de Andalucía. En su lugar, el Ejecutivo del PP (Cetursa depende ahora de la Consejería de Hacienda, que dirige este partido) ha nombrado a Jesús Ibáñez Peña, un perfil eminentemente técnico, dado que es inspector de Hacienda, con plaza hasta ahora en la Delegación de Granada de la AEAT.

El nuevo responsable de Cetursa tendrá que hacerse cargo ahora de la empresa, cuando está inmersa en varios procesos de revisión de su gestión anterior; aunque destaca, por su posible repercusión, la investigación abierta en la Fiscalía, precisamente a causa de la información facilitada por la Agencia Tributaria, organismo del que proviene el nuevo consejero delegado de la entidad que gestiona la estación de esquí.

Ibáñez ya ha avanzado públicamente que su principal objetivo es lograr la "modernización" de la estación de esquí y el consenso institucional. Para lograr las metas del nuevo proyecto será esencial "que todas las instituciones que formamos parte de esta empresa aunemos esfuerzos y trabajemos unidos con ánimo constructivo para que Sierra Nevada alcance todo su potencial", ha declarado el nuevo responsable de Cetursa.

Etiquetas

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios