Las permanentes alegaciones a una posible legalización de la construcción, las solicitudes de indulto, los recursos interpuestos contra los fallos condenatorios o las propias alegaciones que realizan las Administraciones por la falta de medios están provocando que no se estén ejecutando las sentencias que conlleva derribos por delitos urbanísticos "con el rigor que se debiera".

Así lo hace constar en la última memoria de actividades de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Granada, que recuerda que "el artículo 118 de la Constitución Española establece que es obligado cumplir las sentencias firmes de los jueces y tribunales así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso".

Y es que, pese a que los jueces de Granada acuerden en las sentencias por delitos contra la ordenación del territorio la demolición de viviendas ilegales, la ejecución de estas órdenes corre una suerte desigual. No ayudan especialmente los problemas financieros de la Administración a la hora de realizar el derribo de manera subsidiaria, cuando no lo asumen los propietarios.

Esta es una de las circunstancias que refleja el informe la fiscal delegada de la Sección de Medio Ambiente, Sara Muñoz-Cobo, que tilda de "preocupante" la conclusión a la que llegan tanto ella como sus fiscales especializados tras el análisis de la ejecutorias de los juzgados de lo Penal de Granada y de Motril.

En su memoria, reconocen no obstante "que en muchos casos no nos consta realizada la demolición sin poder aportar mayores datos por no haber sido factible obtenerlos a través del programa informático". Es por ello que recalcan la necesidad de que las ejecutorias se les remitan "y sean despachadas por los fiscales especialistas". En definitiva, para el Ministerio Público es preciso "adoptar medidas más eficaces de control de las demoliciones acordadas en sentencias"

En cuanto a la evolución de los ilícitos por construcciones ilegales, que incumplen la normativa por, por ejemplo, invadir zonas verdes o no respetar suelos protegidos, la memoria confirma "que continúa la tendencia en cuanto a descenso de estos delitos".

Este tipo de infracciones, cuya caída es lógica debido al parón de la actividad constructiva provocado por la crisis, están penadas en el artículo 319 del Código Penal, que versa sobre los delitos contra la ordenación del territorio. Dicho artículo recoge las penas con las que se castiga "a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección". Las penas de cárcel previstas por estas conductas, según las fuentes consultadas, van de un año y medio a cuatro años, y el juez o tribunal puede acordar además la demolición parcial o total de la edificación ilegal.

Uno de los casos más sonados de derribos ordenados judicialmente en Granada es el de la esquina del Centro Nevada de Armilla que invadía más de 1.400 metros cuadrados de zonas verdes. La demolición se llevó a cabo en 2013, después de que el promotor de la superficie comercial, Tomás Olivo, solicitase al juez una prórroga por si finalmente era posible su legalización, algo que no sucedió. Tras esa actuación y la luz verde que dio otra sentencia sobre la licencia, se reanudó la obra para terminarlo.

La memoria menciona este caso, junto a otros cinco (cuatro de ellos acordados por el juzgado de lo Penal 1 de Motril), al hablar de las demoliciones ejecutadas materialmente el año pasado, aunque existían otros dos casos pendientes de una ejecución inminente. Serían, por tanto, seis el total de derribos ordenados judicialmente ejecutados en 2013, aunque los datos, como insiste la fiscal, no son totalmente fiables.

Frente al descenso de delitos urbanísticos, se ha producido un incremento "de diligencias y procedimientos por prevaricación común o prevaricación urbanística", como puede ser la concesión de una licencia a sabiendas de que una actuación determinada cuenta con informes contrarios.

Estas causas, tramitadas con el impulso permanente del fiscal por "la complejidad y volumen de las mismas", así como los juicios en los que culminan, que requieren "un detenido y exhaustivo estudio previo, sin posibilidad de alcanzar conformidad alguna", acaparan una parte importante del trabajo de la sección de Muñoz-Cobo.