La Fiscalía de Granada ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el gurú de la comunidad hinduista Vadika Pratishana Sangha de la Casa Yoga de Armilla poniendo en duda la "certeza" de las denuncias presentadas por sus supuestas víctimas, que investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de Granada.

El fiscal encargado del caso, Rafael Sancho, señaló en un decreto que, de las diligencias practicadas hasta ahora, "no se ha podido llegar a la certeza de que la versión de los hechos ofrecida por los denunciantes "sea la verdadera", y ofrece varias razones.

En primer lugar, porque el testimonio de las supuestas víctimas "no está exento de falta de credibilidad subjetiva", ya que "existen otros pleitos de orden civil por cuestiones económicas entre denunciantes y denunciado"; y, en segundo, "porque se ha investigado exhaustivamente" y muchos testigos "han manifestado que no han presenciado ninguno de los abusos" contenidos en la denuncia y "que no ha existido por parte del imputado ningún tipo de coacción a amenaza".

En tercer lugar, el fiscal apuntó que "no consta" que los hechos denunciados se hayan cometido "respecto de menores de edad", y afirma que, respecto a los mayores, "se les presume capacidad plena, conocimiento y voluntad en la realización de sus actos, en su pertenencia o no a dicha supuesta asociación, y en su voluntad para marcharse".

También da un cuarto y último argumento, llamando la atención sobre "lo extemporáneo" de la denuncia, ya que "lo más lógico hubiera sido poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos en el momento de su comisión". El gurú, Antonio J.R.P., fue denunciado inicialmente por la propia Fiscalía de Granada por posibles delitos contra la integridad moral y de asociación ilícita, y declaró ante el juez hace ya más de un año, concretamente el pasado 28 de enero de 2011.

En esa fecha pisó por primera vez los juzgados de la Caleta después de que varias de sus supuestas víctimas, que le acusan de técnicas de persuasión abusivas, coercitivas, de imponer a los miembros de su comunidad condiciones laborales que rozan la esclavitud, o de inducir a la práctica de ciertas relaciones sexuales, llevaran su caso ante el Defensor del Ciudadano de Granada, que dio el testigo del asunto al Ministerio Público, dando paso a la investigación judicial a comienzos de 2010.

En su declaración de entonces, Plazas, que dijo haber sido nombrado maestro en 1978 por la Federación Mundial Hinduista y haber estudiado 64 artes para alcanzar la categoría de "maestro", negó ante el juez las acusaciones que se le atribuían y aclaró que el funcionamiento de la comunidad es similar "al de un convento cristiano", y que todos los monjes y novicios "deben contribuir a la limpieza y al mantenimiento".

Negó también que la comunidad gestione la economía de sus integrantes, que se infrinja cualquier tipo de castigo físico por el incumplimiento de las obligaciones religiosas, o que en su comunidad existan miembros menores de edad.

Una vez que la Fiscalía denunció al gurú, ordenó una serie de diligencias que han sido practicadas por la Guardia Civil, entre ellas un informe de las empresas y de los bienes inmuebles vinculados a la comunidad. Se ha tomado declaración a multitud de testigos, tras lo que el Ministerio Público ha estimado pedir el archivo de las actuaciones, que no comparten las acusaciones particulares y populares, entre las que se encuentran