La Fiscalía Provincial de Granada ha trasladado ya a los juzgados de instrucción del caso Mercamed, en un decreto en el que se informa de los hechos y los nombres de los 13 denunciados, entre los que están funcionarios de la Diputación, empresarios, políticos y técnicos a los que señala como supuestos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de falsificación de documentos mercantiles. El fiscal considera que aquellos fondos destinados para proyectos en Marruecos fueron objeto de determinadas irregularidades.

Este decreto, firmado el 4 de mayo por la fiscal Emilia Rancaño, es un paso más de las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía Superior de Andalucía y son el resultado de la investigación de la Policía Judicial. Es el proceso judicial que se destapó a raíz de las supuestas anomalías en la organización de una feria en Tetuán y en el que están implicados, entre otros, el ex vicepresidente de IU en la institución provincial y actual secretario provincial del Partido Comunista de España, Julio Bernardo, y la pareja sentimental de Francisco Cuenca, portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, M. M. F. S.

La denuncia se sitúa en el periodo en el que la Diputación era gobernada por IU y PSOE. En los hechos descritos, el ministerio público detalla las situaciones susceptibles de ser irregulares y las dividide en los proyectos Mercamed y Magrec.

El primero fue una iniciativa en Tetuán dirigida al sector agroalimentario, de energías alternativas, turismo y la construcción y que contaba con fondos de la Unión Europea. En el punto sexto, resume algunas de las claves de las supuestas acciones ilícitas. Es el momento en el que habla de que el empresario A. R. M., uno de los trece denunciados, "ideó un entramado encaminado a la realización de los servicios de la Feria Mercamed a los que no podía tener acceso por su incapacidad para contratar con la administración pública, simulando la participación de terceras personas con las que había concertado previamente la prestación de servicios".

El fislca cuenta que simuló la confección de expedientes de contratación "presentando, en algunos casos, presupuestos creados al efecto y facturas de los servicios y, en otros, insertando en los expedientes presupuestos falsos de empresas verdaderas que no tenían conocimiento de que su empresa estaba siendo utilizada, aparentando la legalidad de un procedimiento de contratación en el seno de un organismo público".

Finalmente, los servicios no se realizaron por las empresas de A. R. M. , "lo que provocó la posterior contratación con la empresa marroquí Juridicus Maroc por parte de la Diputación". Aquí aparece el nombre de Bernardo como la persona que apoyó la firma de este contrato, "prescindiendo del procedimiento legal establecido y ocasionado un grave perjuicio a la Diputación".

El otro proyecto que menciona el decreto de la Fiscalía es el denominado Magrec. Es aquí donde surge la mujer de Paco Cuenca, M. M. F. S, como la titular de la mercantil Artefacto Gestión Cultural, que aparece en dos expedientes de contratación. El primero para el diseño del proyecto museográfico para el Centro de la Memoria Yebala en Chaouen. Hubo tres propuestas en la adjudicación: Contexto, Artefacto y Granasoft. Fue asignado al segundo, "cuando los presupuestos reseñados, son, el primero, de dudosa autenticidad y el segundo, radicalmente falso".

El segundo expediente está relacionado también con el Centro de la Memoria, aunque en su dirección y ejecución. Concluye que la iniciativa no se ejecutó "y, sin embargo, existen documentos de informe de factura , firmado y rubricado con el nombre de la empresa de M. M. F. S., así como un informe de cumplimiento de requisitos y una resolución de pago sin rúbrica".