La Fiscalía Provincial de Granada ha extendido sus denuncias contra otros 7 alcaldes de municipios de la provincia por verter sus aguas a los cauces sin el imprescindible proceso de depuración. A los 13 regidores del área metropolitana que ya se le abrieron diligencias penales en marzo, se suman ahora los otros regidores de la Costa Tropical. 

Las nuevas actuaciones penales impulsadas por la Fiscalía en diversos juzgados de la provincia se dirigen contra los alcaldes de Vélez de Benaudalla, Ítrabo, Otívar, Molvízar, Sorvilán, Jete y La Rábita (Albuñol).

El origen de estas nuevas querellas es una denuncia presentada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt), que advirtió de vertidos sin depuración a cauce público, que en este caso es el mar, de aguas residuales urbanas por parte de municipios pertenecientes a la Mancomunidad de la Costa Tropical. 

La Fiscalía, al igual que recogió en sus denuncias contra los 13 alcaldes del área metropolitana investigados, considera que hay indicios de un posible delito contra el medio ambiente por el vertido de aguas sin depurar desde 2014. Como máximos responsables de esta situación, el Ministerio Público señala a los alcaldes de los municipios. 

Los Ayuntamientos carecerían de estación depuradora, colector o tratamiento alguno de depuración y los vertidos estarían dañando las aguas superficiales y subterráneas y el medio natural.

La Fiscalía destaca que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha hecho una inspección y que se han recogido muestras del vertido que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, entre otras diligencias.

La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento debe cumplir con la legalidad y que las competencias que legalmente tiene atribuidas son irrenunciables. Agrega el documento que se ha podido producir una grave situación de daño y peligro para el medio ambiente sin que esa administración haya hecho nada para la evitar o minorarlo.

Varios juzgados de instrucción de la capital y de Santa Fe ya recibieron en marzo pasado otras denuncias presentadas por la Fiscalía Provincial de Granada y se abrieron diligencias con la citación de los alcaldes para declarar en calidad de investigados. 

Churriana de la Vega, Atarfe, Jun, Nívar, Peligros, Vegas del Genil, Fuentevaqueros, Güevéjar, La Zubia, Ogíjares, Colomera, Cijuela y Víznar. Todos estos municipios llevan muchos años sin depurar sus aguas residuales y desde 2008 carecen de autorización del organismo competente, que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para realizar los vertidos a los cauces de los ríos. 

Aunque los ecologistas han denunciado irregularidades en la depuración de aguas en muchos puntos de la provincia, la fiscal delegada de Medio Ambiente decidió en ese momento presentar querella contra los alcaldes de aquellos municipios cuya situación es más extrema, pues ni siquiera cuentan con la autorización de la CHG. Ahora se han agregado a la denuncia los municipios de la Costa que han sido denunciados por la asociación Amayt.

Antes de judicializar este asunto, el Ministerio Público ha llevado a cabo una investigación propia, dentro de sus diligencias previas, en la que ha reclamado y recopilado informes técnicos sobre los posibles daños ocasionados al medio ambiente por este tipo de vertidos.

Además del trabajo realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Fiscalía ha remitido a los distintos juzgados en los que se han repartido las querellas un trascendental informe del Instituto Nacional de Toxicología, que pone de relieve las posibles afecciones de los vertidos de aguas sin depurar. 

El informe toxicológico determina una serie de “daños sustanciales” a los recursos naturales (en este caso a las aguas de los cauces) y otros riesgos que puedan causar “perjuicio para la salud de las personas”. En ambos casos se trata de supuestos contemplados en el Código Penal como un subtipo delictivo agravado. 

Un aspecto controvertido de estas causas judiciales sería la responsabilidad penal directa de los alcaldes de esos municipios, que normalmente llevan vertiendo sus aguas del mismo modo, desde siempre. La investigación, por necesidad de acotamiento, se centra en los últimos cuatro años, un tiempo en el que ya ha estado vigente una legislación muy clara y restrictiva con estas prácticas, y un periodo en el que la CHG retiró las autorizaciones provisionales que esos municipios tenían para realizar sus vertidos de aguas, al no haber presentado los necesarios proyectos de depuración exigidos. 

Estos y otros municipios de la provincia llevan años alegando ante la CHG y los tribunales que la responsabilidad de construir una estaciones depuradoras de aguas residuales y las canalizaciones necesarias es de la Junta de Andalucía. Se amparan también en que sus presupuestos locales no dan para este tipo de inversiones, que serían de ámbito supramunicipal.