La Fiscalía de Menores de Granada incoó el año pasado 68 expedientes para investigar a familias que no llevaban a su hijos al colegio. Las indagaciones para conocer las circunstancias que rodeaban cada caso dieron lugar, al final, a un total de 20 denuncias ante los tribunales contra los padres de esos menores por un posible delito de abandono de familia.

Así lo refleja la última memoria de actividades y funcionamiento de la Fiscalía Superior de Andalucía, hecha pública recientemente. Los datos que aparecen en el documento relativos al resto de provincias de la Comunidad son muy similares. Así, en Jaén se interpusieron 33 denuncias contra padres o representantes legales por el referido delito, mientras que en Córdoba se incoaron 32 diligencias de investigación y se formularon al final 16 denuncias. En Huelva, hubo 17 denuncias, y en Cádiz se abrieron 35 expedientes, 13 de los cuales terminaron en denuncia.

Los factores que provocan el absentismo escolar son muy diversos. "No existe un perfil definido", indica el fiscal delegado de Menores de Granada, Rogelio Muñoz Oya, quien reconoce, eso sí, que la mayoría de los casos se producen en la etapa de la ESO, sobre todo en Segundo Ciclo, en las franjas de edad de 14-15 años y de 15-16.

Muñoz Oya, que accedió a analizar el fenómeno en una entrevista concedida a este periódico, calcula que el absentismo en Granada se situaría en torno al 2%, un nivel que considera "muy aceptable".

En cuanto a los casos que terminaron con condena, la memoria revela que en 2012 se consiguió una sentencia condenatoria en esta materia en Granada. Fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 y consideraba a unos padres autores del referido delito de abandono familiar, que está regulado en el artículo 226.1 del Código Penal.

El delito de abandono de familia establece penas de tres a seis meses de prisión o multa de seis a 12 meses para quienes dejen "de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados". Eso sí, aunque este tipo penal contemple la posibilidad de imponer penas de prisión, la mayoría de los castigos que el Ministerio Fiscal solicita cuando los procesos llegan a juicio son multas.

Todos los años hay centros docentes que alertan de casos puntuales de menores que faltan más que acuden a clase, pero lo cierto es que en los últimos tiempos el absentismo en las aulas se ha reducido considerablemente. En este contexto, el fiscal de Menores ensalza la labor que realizan para atajarlo las Comisiones Provinciales de Absentismo Escolar, creadas a raíz de una disposición normativa de la Junta de Andalucía y en las que está representado el Ministerio Público. Asimismo, especifica que en Granada se ha creado una subcomisión técnica de Absentismo Escolar, que estudia a fondo cada caso antes de que la Fiscalía actúe.

A raíz de la referida disposición normativa, se crearon los planes provinciales de absentismo escolar, en los que se hace un seguimiento para estudiar la evolución de los menores en el sistema educativo en la enseñanza obligatoria y gratuita, que como es sabido es hasta los 16 años.

Según explica Muñoz Oya, en esos planes hay tres niveles. El primero es el educativo. En él se hace un seguimiento en el centro donde está el menor y se toman las medidas correspondientes. El segundo es el social, donde intervienen los Servicios Sociales en apoyo a la familia de aquel menor que tiene necesidades que inciden en la falta de escolarización. Por último, el tercer nivel es el de la Fiscalía.

"Cuando han fallado los niveles educativo y social, porque los padres han hecho caso omiso o son reacios a cumplir los objetivos marcados en esos niveles, es cuando interviene la Fiscalía, que primero analiza qué ha ocurrido y, si hay una dejación de funciones por parte de los padres, una oposición frontal a los objetivos que se persiguen, es cuando denuncia", aclara el representante del Ministerio Público.

Todo eso se analiza en las mencionadas Comisiones, donde el fiscal decide al final qué expedientes pasan a Fiscalía, cuáles se quedan en el nivel educativo y cuáles pasan a Servicios Sociales para que se incoe n las correspondientes diligencias a fin de determinar si existe una situación en desamparo. "A la hora de denunciar, tenemos muy en cuenta la oposición frontal de los padres, que son a quienes se les acusa y sólo judicializamos los casos más graves", añade el fiscal, al tiempo que detalla que esta forma institucionalizada de actuar se inició en 2009. Las denuncias formuladas por la Fiscalía contra esos progenitores aterrizan luego en un juzgado de Instrucción, que abre una investigación (diligencias previas) para determinar si lo padres realmente han incurrido en un delito.

Algunos de los expedientes que ha analizado la Fiscalía en los últimos años se incoaron a raíz de casos de absentismo detectados en la Zona Norte de Granada, en Baza o en los Montes Orientales, aunque, como advierte el fiscal, no existe un mapa determinado en el que haya unas zonas con más casos que otras. "Actualmente no hay unos factores estables", agrega, a la vez que recuerda que hace años, en la década de los 80, sí se relacionaba el absentismo escolar con las campañas agrícolas, la pobreza o las familias de etnia gitana, pero ahora sería un error hacerlo, pues la situación ha cambiado mucho.