La fiscal encargada del caso Nazarí ha vuelto a posicionarse contra la imposición de la fianza de 15.000 euros (el triple de la original) que reclamaban algunas de las defensas para el grupo municipal de Podemos-IU, personados en esta causa como acusación popular. Vuelve a apelar el Ministerio al carácter público de los posibles perjuicios ocasionados en este caso. 

La defensa de la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros investigados pidió que los tres concejales que componen el actual grupo municipal de Podemos-IU-Adelante en el Ayuntamiento de Granada (Antonio Cambril, Francisco Puentedura y Elisa Cabrerizo) aportaran una fianza individual de 5.000 euros cada uno para continuar como acusación en la causa, de forma personal.

Esta posición tiene base en una decisión pasada de la Audiencia de Granada en el caso de la venta de casa Agreda (donde Nieto también estuvo investigada antes del archivo), que consideró la falta de legitimidad del grupo municipal Vamos Granada para ser acusación de la causa por no tener personalidad jurídica (un grupo municipal no es un partido político). Esto motivó que su portavoz, Marta Gutiérrez, tuviera que exponerse de forma individual. Por eso, en el caso Nazarí, las defensas aludidas plantean que si los tres ediles pretenden ser acusadores, deben hacerlo en nombre propio y mediante el pago de una fianza cada uno. 

La jueza de instrucción del caso Nazarí ha rechazado esta petición de las defensas y ha avalado la continuidad del grupo municipal de izquierdas como acusación popular, pero el asunto puede llegar a la Audiencia Provincial a través de un recurso de apelación ya planteado.

La fiscal, que ya se opuso en su momento a esta pretensión de Nieto y otros investigados, vuelve a ratificarse en la postura y concreta que le parece  "desproporcionada y carente de fundamento ampliar la cantidad de la referida fianza y exigirla a las personas individuales que comparecen en el procedimiento en representación de intereses ciudadanos".