La Fiscalía de Granada ha ordenado abrir diligencias de investigación penal para determinar si en la Diputación de Granada se están destruyendo documentos, como denunció el PP. De demostrarse ese extremo, se habría cometido un delito de infidelidad en la custodia de documentos, pero no sólo eso: también se habría podido "afectar gravemente la protección de datos", lo que constituiría una "infracción al régimen de tratamiento de los datos personales".

Se investigará la posibilidad de que la institución provincial haya cometido un tercer delito: realizar "determinadas actividades contables no ajustadas a las disposiciones relativas a la legislación".

Pero la apertura de diligencias podría convertirse en un bumerán que se volviera contra los populares, puesto que, de no demostrarse la existencia de esas irregularidades, el PP, que lo denunció, podría haber incurrido en un delito de calumnias, al imputar a la institución hechos que no han ocurrido.

La decisión de la Fiscalía responde al cruce de denuncias que se interpusieron populares y socialistas. El primero en llevar el caso a la Justicia fue el presidente en funciones de la Diputación, Antonio Martínez Caler, que el 13 de julio acusó a los dirigentes populares Luisa García Chamorro y José Antonio Robles de haberle calumniado por decir en una rueda de prensa que unos camiones "se están llevando gran cantidad de documentación" de la Diputación para destruirla. Caler recalcó que eso era "absolutamente falso" y que los camiones eran los que se encargaban desde hace siete años de retirar el papel desechado para su reciclaje.

Un día después, la que acudió a la Fiscalía fue Luisa García Chamorro, para informar de que el diario El Mundo había publicado dos noticias: en una se afirmaba que la Diputación había destruido facturas de clientes de Iván Chaves. En la otra, que la institución negaba cualquier relación con el hijo del ex presidente de la Junta, pero no que destruyera facturas.

La Fiscalía entiende que, de ser falsas o infundadas las denuncias de los populares, habrían podido incurrir en un delito de calumnias; pero de ser ciertas, el quebradero de cabeza sería para la Diputación, porque se le podría imputar el delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos y también las ya mencionadas infracciones: una, por no cumplir el régimen de tratamiento de los datos personales, y la otra, por realizar actividades contable no ajustadas a la legislación.

Luisa García Chamorro se congratuló ayer de la decisión de la Fiscalía. Dijo que no le importaba que se investigue si ella y su compañero de partido habían calumniado a Martínez Caler y prefirió poner el acento en el hecho de que "refunda las dos denuncias en una y habla de que la Diputación pudo cometer tres irregularidades, mientras que a nosotros el PSOE nos atribuía también un delito de coacciones y un delito electoral y eso no aparece, por lo que entendemos que dan más importancia a sus posibles irregularidades que a las supuestas calumnias".

Para la dirigente popular, queda claro que Martínez Caler ha dejado a la Diputación "a los pies de los caballos" y que va a salir de la institución que ha presidido durante ocho años "investigando penalmente y con las tasas de paro más altas en ocho años. Ese es su legado", finalizó.