Tribunales

La Fiscalía mantiene la petición de dos años de cárcel para el exalcalde de Cogollos Vega

  • Se le considera autor de un delito de prevaricación urbanística

  • Al secretario municipal le acusa, entre otros, de cohecho

Foto de archivo del exalcalde de Cogollos Vega, Francisco Luzón.

Foto de archivo del exalcalde de Cogollos Vega, Francisco Luzón. / G. H.

La Fiscalía ha mantenido su petición de dos años de prisión y nueve de inhabilitación para el exalcalde de Cogollos Vega, Francisco Luzón, por un delito de prevaricación urbanística presuntamente cometido en la recalificación de un solar clasificado como suelo urbano de uso industrial –por tanto no urbanizable– en el que se construyó un edificio de viviendas.

Durante la vista final del juicio, que ha quedado visto para sentencia, la fiscal mantuvo la misma pena para el arquitecto municipal, J. C. G. T, mientras que consideró al que entonces era secretario del Ayuntamiento M. H. G autor de los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas, por los que se enfrenta a una petición de más de una década de prisión.

Tal y como expuso la fiscal, “han quedado acreditados los hechos”, por lo que sostuvo que la modificación urbanística del solar, que se realizó en 2005 a través de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), lo cual “no se ajustaba a la normativa urbanística vigente”.

Asimismo, sostuvo que el alcalde era conocedor de que dicha recalificación no se podía llevar a cabo y que el que fuera secretario municipal tenía que “haber indicado en sus informes que no se podía llevar a cabo la actuación por un PERI”.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, tanto el secretario como el arquitecto del Ayuntamiento, que fue contratado tras haber prescindido del anterior técnico que sí manifestó la “necesidad de una revisión de las Normas Subsidiarias y no una mera modificación puntual para llevar a cabo el cambio”, al tratarse de cambios “sustanciales en los estándares urbanísticos”, no informaron de la vulneración que suponía dicha recalificación.

Asimismo, mantiene que existía un borrador de convenio urbanístico firmado entre el alcalde y la empresa constructora Duaro SL –en ella trabajaba el arquitecto antes de ser contratado por el Ayuntamiento– por el que se “comprometía cambiar la tipología del solar a urbano residencial” antes de que se llevase a cabo la recalificación.

Asimismo, el Ministerio Público mantiene que los informes desfavorables no se realizaron ya que el secretario habría obtenido una “contraprestación o retribución”, pues unos meses después comenzó a trabajar para la empresa Duaro SL.

Sin embargo, “dado que no podía trabajar para la empresa constructora así como para esconder la relación de trato de favor” hacia la misma, habría empleado como testaferra en primera instancia a la que era su esposa –se solicita para ella una pena de cuatro años de prisión y una multa de 80.000 euros por un delito de blanqueo de capitales–, así como a su cuñada que se enfrenta a la misma petición fiscal que la anterior.

Por su parte, durante el juicio, el exalcalde de Cogollos Vega defendió que el proceso contaba con “informes técnicos favorables”, que “nunca influyó” en los trabajadores para que los emitieran, que el secretario “no hizo advertencia alguna de una posible ilegalidad” y que el procedimiento fue aprobado en pleno por unanimidad.

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