Granada

La Fiscalía no pedirá por ahora el ingreso de Juana en prisión

  • Varias asociaciones feministas presentan en el Ministerio de Justicio 258.00 firmas para pedir el indulto de la madre de Maracena

Las representantes de los colectivas feministas, a las puertas del Ministerio de Justicia. Las representantes de los colectivas feministas, a las puertas del Ministerio de Justicia.

Las representantes de los colectivas feministas, a las puertas del Ministerio de Justicia. / efe

La Fiscalía de Granada no pedirá la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que ha condenado a Juana Rivas a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, y esperará a que el pronunciamiento sea firme como hará también la acusación particular. Fuentes del Ministerio Público explicaron que no solicitarán al titular del Penal 1, Manuel Piñar, que ejecute la sentencia que condena a esta vecina de Maracena a cinco años de cárcel y esperará a los recursos anunciados por su defensa.

La sentencia, conocida el pasado viernes, condena a Juana Rivas a la pena de cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido el verano pasado junto a ellos para no entregárselos a su expareja y padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri. La Fiscalía sigue el mismo proceder que el progenitor de los menores, que también ha anunciado que no pedirá de momento la ejecución de la sentencia. El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, explicó que esperarán a que haya una sentencia firme y a que la ejecución de la condena se solicite de oficio. Apuntó además que Arcuri ya ha recibido la sentencia, traducida al italiano, para que pueda incorporarla a la causa abierta en su país, aunque de momento no afecta "en nada" al régimen de visitas y las "fluidas comunicaciones" que Juana Rivas mantiene con sus hijos.

El abogado de Arcuri también adelantó que esperarán a que la sentencia sea firme

Por otro lado, varias asociaciones de mujeres entregaron ayer al Ministerio de Justicia 258.000 firmas para pedir el indulto de Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores, con el objetivo de poner fin "cuando antes" a su "sufrimiento" y "calvario" y el de sus dos hijos. Los apoyos han sido reunidos en la plataforma Change.org a través de una petición que fue iniciada después de que se conociese la sentencia el pasado 27 de julio. La iniciativa consiguió más de 200.000 firmas en las primeras 48 horas desde su puesta en marcha y actualmente ya cuenta con más de 264.000.

En declaraciones a los periodistas ante el Registro Civil de Justicia, Marina Marroquí y Nuria Coronado, portavoces de la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (AIVIG), explicaron que la entrega de firmas es "una herramienta social" para hacer presión. Según afirmaron, son conscientes de que el indulto no puede concederse antes de que haya una sentencia firme, pero han advertido de que la resolución de Tribunal Supremo "puede alargarse durante años". "No valen los plazos judiciales, es una vida, un mujer y sus dos hijos, y hay que actuar", manifestó Marroquí, que es la presidenta de AIVIG, recordando que en ese periodo el "sufrimiento y dolor" de Juana Rivas permanece y la "felicidad" de los dos menores es lo que está sobre la mesa.

Nuria Coronado expresó que espera una sentencia absolutoria de este caso, pero ha apuntado que "lleva su tiempo". "No queremos que se siga perdiendo un solo segundo de felicidad. Queremos adelantar ese reloj y que deje de sufrir", manifestó, para después destacar que los menores "no pueden hablar con su madres".

Según subrayó, "cada segundo que pasa es un segundo en que Juana Rivas y sus hijos, y tantas Juana Rivas víctimas de violencia de género que no solo sufren un maltrato por parte de un maltratador, sino por una justicia y sociedad que no les ampara".

El caso de Juana Rivas se inició después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos y a quien también deberá indemnizar con 30.000 euros. "En lugar de resolver a su favor lo que están haciendo es martirizarla", sostienen desde la asociación, cuya presidenta ha aseverado que seguirán en la lucha "de manera incansable" para conseguir que España proteja a las víctimas de violencia machista. "En este país maltratar sale gratis", afirmó, lamentando que la justicia española "no esté haciendo nada" para proteger a los menores y "se esté convirtiendo en el peor cómplice del maltratador".

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