Hasta ahora, la palabra corrupción había estado casi siempre vinculaba al urbanismo local y la actividad municipal. Pero, de un tiempo a esta parte, las prácticas corruptas se está manifestando a través de nuevas situaciones que preocupan a los encargados de perseguir la delincuencia en la región: los fiscales.

El caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) gestionados por la Junta, que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla fue evocado ayer como un ejemplo de esas nuevas formas de corrupción "sin antecedentes" por el máximo representante del Ministerio Público en la comunidad, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón. Éste, que compareció de nuevo en Granada -el lunes lo hizo en Sevilla- para presentar la memoria de 2010, aseguró que la corrupción constituye para los fiscales "una preocupación básica".

Y para luchar contra ese fenómeno que enturbia la legalidad que debe presidir las actuaciones de las administraciones y de los gestores públicos, hacen falta más medios. Por eso, García Calderón enfatizó la necesidad de apoyar a los fiscales delegados de la Fiscalía anticorrupción en Andalucía. En la actualidad, existen fiscales delegados en Almería, Cádiz, Sevilla y Málaga y, según advirtió el fiscal superior, es completamente necesario que se produzca un incremento del personal auxiliar que tiene que estar a sus órdenes para ayudarles en las funciones que desarrollan. "Porque -agregó- la lucha contra la corrupción es una cuestión fundamental, y máxime en una situación de crisis económica como la que padecemos, donde el dinero público tiene que ser fiscalizado hasta el último euro".

El fiscal superior quiso resaltar además que las actuaciones del Ministerio Público en este ámbito estén siendo "discretas y por lo tanto eficaces", y "siempre inspiradas en un principio de imparcialidad".

En cuanto a las ya tradicionales cifras sobre la evolución cuantitativa de la criminalidad, destacó el descenso de alrededor del 10 por ciento que han experimentado las diligencias previas incoadas en los juzgados andaluces, que en los últimos años habían superado el millón. En total se registraron 925.806 (113.330 menos que en 2009), pero se trata de "un descenso en el volumen de asuntos", pues el número de diligencias previas no es para los fiscales un índice de la litigiosidad penal real.

Este descenso se podría atribuir a varios factores, entre ellos al funcionamiento masivo de instrumentos de agilización procesal, como el sistema de enjuiciamiento rápido e inmediato. También han bajado todos los procedimientos (abreviados, juicios de faltas...), salvo los de jurado, que sí han experimentado una subida a raíz de ampliarse los supuestos que pueden enjuiciar los tribunales populares.

En cuanto a la evolución cualitativa, los fiscales apreciaron en 2010 algunos cambios en formas de criminalidad graves, como en el tráfico de seres humanos, "donde prácticamente ha desaparecido el traslado por el Estrecho de ciudadanos magrebíes, centrándose en el de subsaharianos". Un hecho que se debe probablemente "a la presión policial en los países de origen".

En materia de menores, a la Fiscalía Superior le sigue preocupando la intensidad de algunos delitos cometidos por los chavales, mientras que en el ámbito de violencia de género, García Calderón elogió la "magnífica" labor de la fiscal delegada Flor de Torres.