En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 el Gobierno reservó una partida de un millón de euros para iniciar los trámites del soterramiento de las vías del AVE en su entrada a Granada. Esta apuesta, que fue recibida con escepticismo, se concreta ahora después de que el Ministerio de Fomento publicara ayer en la plataforma de contratación del Estado la licitación del contrato para la redacción del estudio informativo de la integración del ferrocarril, que está previsto que en los próximos días se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con un presupuesto de licitación de 800.000 euros, el estudio tiene un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que 'entierra' el debate sobre el soterramiento hasta 2020. Esto implica que será tras las elecciones generales previstas para ese año cuando el Gobierno que salga de las urnas tendrá que dar el impulso definitivo a las obras para acabar con la histórica división entre los barrios de la Rosaleda y La Chana.

Con esta licitación, Fomento cumple el compromiso que adquirió durante la última reunión de la comisión de seguimiento celebrada el pasado 18 de octubre para la llegada del AVE a Granada, según defiende el Ministerio sobre un encuentro en el que el representante de Fomento, Manuel Niño, también dejó claro que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada tendrán que arrimar el hombro en la financiación a pulmón del proyecto en una primera fase, ya que las plusvalías urbanísticas que generará en el futuro esta operación no permiten arrancar los trabajos.

En el estudio se plantearán las posibles actuaciones de integración del ferrocarril en su acceso a la estación, así como las opciones para la circulación de mercancías del Corredor Mediterráneo, sin interferir con la funcionalidad ferroviaria y el desarrollo urbano. El estudio informativo se desarrollará en varias fases, en cada una de las cuales se analizarán las alternativas estudiadas y se compararán entre sí por medio de criterios generales como los económicos, funcionales o medioambientales. De esta forma, se decidirá cuál de las opciones estudiadas es la más adecuada desde un punto de vista del interés general.

El primer estudio de soterramiento que se pondrá sobre la mesa es el de 2008, cuando el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento cerraron un primer acuerdo que soterraba las vías durante 2,5 kilómetros y que obligaba a desviar el curso del río Beiro para que el tren llegara bajo tierra. La joya de la corona de este proyecto, estimado en más de 400 millones de euros, era la estación de tren de Rafael Moneo, pero la llegada de la crisis hizo que las ambiciones menguaran.

No fue hasta marzo del año pasado, con las vías en superficie casi terminadas, cuando el Ministerio de Fomento planteó un diseño de soterramiento estimado en cien millones de euros que fue ampliamente contestado por las plataformas porque perpetuaba el llamado 'muro de la vergüenza', tras lo que el Ayuntamiento planteó una alternativa que, más que un estudio para enterrar las vías, se centraba en conseguir plusvalías para financiar el proyecto. En todo caso, desde Fomento se esbozó hace meses un posible acuerdo para la financiación del proyecto en el que el Estado asumiría el 60% de los costes y Junta y Ayuntamiento asumirían a escote el 40% restante. Pero esa discusión ya está aplazada hasta 2020...