El magistrado sevillano Andrés Ollero, conocido en la capital por los 17 años que fue diputado nacional por Granada bajo las siglas del PP y por haber sido catedrático de la UGR, es uno de los nombres de la actualidad por la recusación que el Tribunal Constitucional (TC) ha comenzado a tramitar a petición de la Generalitat de Cataluña por considerarlo imparcial.

En concreto, el Gobierno que preside Quim Torra considera que Ollero, quien habló de "supremacismos" al oponerse a avalar gran parte del Código Civil catalán, es un anticatalanista y por ello la Generalitat ha aplazado la resolución de cinco asuntos de Cataluña hasta que el TC decida si lo aparta.

Una personalidad o imparcialidad a la hora de abordar algunos asuntos, según se mire, que siempre ha acompañado a Ollero ya desde su carrera política y que le ha acarreado no pocas polémicas durante sus años en el Tribunal Constitución por algunos de sus posicionamientos siempre enmarcados en el conservadurismo moral e ideológico.

Por lo pronto, el pleno del tribunal de garantías ha concedido un plazo de unos días a las partes personadas, incluido Ollero, para que se pronuncien sobre la recusación, y acuerda aplazar la deliberación y la resolución de cinco casos en los que el Gobierno catalán pidió apartarle por falta de imparcialidad. Entre ellos se encuentra el denominado Plan de Acción Exterior de Cataluña, que el Constitucional suspendió cautelarmente a petición del Gobierno al considerar que excedía su ámbito de actuación.

El pleno del tribunal ha aplazado la resolución de cinco procesos sobre leyes catalanas

Los magistrados han decretado en una providencia la "suspensión de las actuaciones" que afectan a este y otros procesos en los que la Generalitat ha pedido apartar a Ollero, lo que implica en la práctica un retraso en su resolución ya que, aunque cada ponente puede seguir trabajando de forma individualizada en los mismos, éstos no se llevarán a pleno, según informaron fuentes jurídicas.

Será el magistrado Antonio Narváez quien instruya el incidente de recusación contra Ollero, que discrepó de la sentencia en la que, por 7 votos a 5, el TC declaró que la Generalitat tiene competencia para legislar en materia de contratos de compraventa y avaló buena parte del Código Civil catalán.

En su voto particular, Ollero consideró que la sentencia interpretó "expansivamente la competencia autonómica" de la Generalitat "dando a entender" que "está autorizada a aprobar un Código Civil completo, desplazando enteramente la legislación civil estatal". "A lo que no me presto es a someterme a supremacismos de quienes –a estas alturas– se sienten humillados si se les trata como si fueran iguales a los demás. Galicia y Valencia han debido conformarse con menos", dijo el magistrado en su voto.