Lo advirtieron los hosteleros de la provincia de Granada ayer y hoy el Gobierno lo ha confirmado. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró que bares y restaurantes tendrán mayor flexibilidad a la hora de aplicar el decreto de medidas para el ahorro energético publicado por el Ejecutivo el pasado martes en el BOE. Para ello, se acogerán, como reclamaban desde el sector, al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Esta normativa establece que en locales en que se realice un trabajo ligero, la temperatura estará comprendida entre 14 y 25 grados. A tenor de ello, en restaurantes, bares o cafeterías, en los que se realizaría –en palabras de la normativa– “un trabajo ligero”, la temperatura no podrá superar los 25 grados.

En la aclaración realizada, Ribera ha señalado que los establecimientos podrán limitar el uso del aire acondicionado al “entorno de los 25 grados”, teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno. En este sentido, la ministra ha aclarado que los 27 grados se aplicarán “con flexibilidad” y ha puesto como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería.

“No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura”, ha indicado la ministra en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores.

Ribera abundó que este primer paquete de medidas está pensado para edificios de uso público “con flexibilidades” según el tipo de actividad económica y el trabajo que se desempeñe. De este modo, distinguió los trabajos sedentarios–trabajar en una oficina– de los trabajos activos –la actividad en un restaurante–. “El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda”, ha aclarado.

La ministra ha incidido en que el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética “está para cumplirse” y representa un “esfuerzo razonable y con respeto a las condiciones laborales que, en todo caso, se deben tener presentes”, al tiempo que afirmó que el Gobierno no realizará modificaciones al respecto. Por otro lado, Ribera resaltó el “complejo” contexto de crisis a nivel mundial causado principalmente por la guerra en Ucrania, lo que ha generado, según ha señalado, una tensión en los mercados energéticos globales.

La titular de Transición Ecológica ha insistido en que lo importante es cumplir con el compromiso solidario con el resto de países europeos, algo que “está al alcance de lo que se puede hacer sin excesivo esfuerzo”. “Nos tenemos que concentrar en la manera de contribuir y ayudar a todos los vecinos europeos que tienen un otoño e invierno complicados”, afirmó Ribera, quien definió a España como “un pueblo solidario”.

La Junta pone fecha límite

Por su parte, el Gobierno andaluz quiere que el Ministerio de Transición Ecológica modifique el decreto de ahorro energético, y que lo haga antes del próximo martes, 9 de agosto, que es cuando deben comenzar a cumplirse sus medidas. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, de visita ayer en la provincia de Cádiz, solicitó al Gobierno que rectifique, que retire el decreto y dialogue con las comunidades para alcanzar un acuerdo.

“Las cosas no se han hecho bien” porque, indicó, “no ha habido diálogo”. “Si se apaga la Alhambra, se es consciente de los riesgos que se someten a la zona afectada, del posible gamberrismo. La iluminación tiene diversos efectos y no se ha valorado la repercusión al turismo, al comercio y a la seguridad”, apuntó el consejero andaluz. Sin embargo, como ya publicó este periódico, el decreto especifica que el alumbrado ornamental de monumentos está exento de esta medida.

Según Sanz, “las comunidades podríamos haber planteado planes de ahorro más eficaces del que se nos ha planteado”. Por eso, le pidió al Gobierno de España que reflexione y rectifique antes de que la medida entre en vigor el próximo 9 de agosto, y acceda a dialogar con las comunidades.