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Granada tiene que pagar 57.000 euros a Cetursa por forfaits recibidos sin contrato

  • El Consultivo confirma la nulidad de la contratación, que afecta a los años 2017, 2018 y 2020

Granada tiene que pagar 57.000 euros a Cetursa por fortfaits recibidos sin contrato

Granada tiene que pagar 57.000 euros a Cetursa por fortfaits recibidos sin contrato / G. H.

La contratación de suministros de forfaits realizados durante los ejercicios 2017, 2018 y 2020 concertados por el Ayuntamiento de Granada con Cetursa Sierra Nevada SA han sido declarados nulos por carecer de cobertura contractual. Una nulidad que obliga al Ayuntamiento de la capital a pagar la cantidad reclamada por Cetursa, que entregó los forfaits y no los cobró: 60.648 euros menos el 6% de beneficio industrial. Así, la capital tiene que abonar 57.000 euros tras el informe de la Intervención General y el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, de fecha 10 de diciembre de 2021, y el informe de la Dirección General de Contratación de 20 de diciembre del año pasado. Una declaración de nulidad recogida en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada del pasado 28 de diciembre de 2021.

El Consultivo recibió el 11 de noviembre la solicitud de dictamen sobre el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Granada, para la revisión de oficio de la contratación de suministro de forfaits de la empresa Cetursa Sierra Nevada, S.A. La solicitud la realiza el alcalde según marca la normativa

Ya en octubre de 2020 el Interventor General del Ayuntamiento de Granada emitió un informe en el que se indicaba que "se han emitido por la empresa Cetursa Sierra Nevada, S.A., una serie de facturas que no tienen contrato que las respalde". Son 13 documentos en total, donde destacan los 13.176 euros del año 2017 y los 12.464 de 2018. El resto son del año 2020.

Se determina que hubo incumplimientos normativos como la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa. Y se constató que las prestaciones se llevaron a cabo efectivamente con un precio ajustado a mercado. De hecho las facturas fueron conformadas por los técnicos del área. También se comprobó que existía crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe de gasto con el concepto "Forfaits en actividades en la naturaleza". De todo existen facturas originales de Cetursa.

En octubre de 2020 la Junta de Gobierno Local acordó iniciar procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos de contratación de este suministro en 2019 "por estar incursos en la causa de nulidad prevista en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas". En julio de 2021 la Junta de Gobierno declaró la caducidad del procedimiento pero en septiembre del mismo año se acordó el inicio de otro procedimiento de oficio sin concretar la indemnización final contando que "será el Consejo Consultivo, apreciando las situaciones concretas de cada supuesto, el que determine si la indemnización debe incluir solo los costes efectivos de la prestación efectuada o también los demás componentes del contrato (beneficio industrial)".

Cetursa defiende que realizó una correcta ejecución del suministro, reconocido expresamente por el Ayuntamiento, por lo que "ha de procederse a la liquidación y pago de las facturas". Y señala también la teoría del enriquecimiento injusto que habría jugado a favor del Ayuntamiento al recibir unos suministros correctamente ejecutados y no proceder al abono de los mismos.

Finalmente se ordena el pago pero descontando el 6% del beneficio industrial correspondiente y sin interés de demora. E indica el Consultivo que "al no existir cobertura contractual formalizada, se trata de una contratación verbal prohibida por la normativa de contratación (art. 37.1 de la LCSP), salvo que hubiese procedido la contratación de emergencia, como ese mismo precepto señala, que claramente no operaba en el presente caso, pues conforme al artículo 120.1 de la LCSP solo sería posible “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”, lo que evidentemente no es el caso.

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