Granada dio ejemplo en el registro de los delitos de odio el año pasado. La provincia es la segunda con menor tasa de casos recogidos en 2019, según el último informe ofrecido por el Ministerio del Interior, en el que se detalla la evolución de este tipo de delitos durante 2020 en toda España. De 14 a 11, esa es la evolución positiva que ha realizado la provincia, aún menos que los registrados en 2018, que fueron 22.

Respecto al número de casos contabilizados, Granada es la segunda provincia de Andalucía con menos casos, tan sólo mejora el dato Huelva, con diez, aunque si tenemos en cuenta el número de habitantes, la tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes de la provincia es la menor de la comunidad, tan sólo 1,2. Granada es así la segunda provincia con menor tasa de incidencia de delitos de odio a nivel nacional por detrás de Soria, con una tasa de 1,1, e igualada con Valladolid. Sevilla es la provincia andaluza con un mayor número de delitos de odio contabilizados, 37, y Jaén la que tiene una tasa más alta, de 2,9, con un total de 21 delitos. Hasta 157 delitos registra Barcelona, encabezando la lista nacional, siendo 13,5 la tasa más elevada del país, recogida en Álava.

La causa más repetida entre las infracciones penales relacionadas con los delitos de odio en la provincia es el racismo y la xenofobia, siendo cinco los casos registrados. El siguiente motivo más repetido es la orientación sexual y la identidad de género, con tres casos. Los delitos de odio motivados por cuestiones ideológicas, discriminación por género y antigitanismo completan el total de 11 con un caso por cada uno de estos motivos.

El informe del gabinete comandado por el ministro Grande-Marlaska contempla también el número de victimizaciones, es decir, el hecho de que una misma persona sufra más de un ataque tipificado como delito de odio. Durante el año 2020 hubo en Granada 12 victimizaciones y en este caso sería el tercer número más bajo de Andalucía por detrás de Huelva (8) y Córdoba (9). Se repiten las causas y números que en los delitos de odio, excepto el antigitanismo, que se da en una ocasión más.

Tan sólo se contabilizan cinco detenidos o investigados en relación a los delitos de odio en la provincia, al igual que en Huelva, mientras que córdoba registra una detención o investigación y Sevilla suma hasta 20. Las causas de detención o investigación por delito de odio en Granada son por violencia motivada por orientación sexual o de género, racismo o xenofobia y discriminación por cuestión de género, esta tipología la más repetida, en dos ocasiones. Aunque se registraron dos victimizaciones por antigistanismo, no se recoge ninguna detención o investigación relacionada. 

El informe también aporta el dato de hechos esclarecidos, que fueron 10 en Granada y se reparten de la siguiente manera: Tres ataques homófobos, dos sexistas o de género, dos relacionados con la orientación sexual o de género, uno por antigitanismo y uno por ideología.

Interior no registró ningún delito de odio antisemita contra la comunidad judía, tampoco por aporafobia, es decir, contra las personas en situación de pobreza, o contra personas con discapacidad, discriminación por enfermedad o discriminación generacional, es decir, contra ancianos en una tipología de violencia conocida como gerontofobia.

Informe sobre delitos de odio en 2020

Este es el noveno año en el que se registran los delitos de odio en España, entendidos como cualquier ataque que sufra una persona o colectivo por el mero de hecho de pertenecer a una raza, etnia, ideología, orientación sexual, género, condición social, confesión religiosa o edad, entre otros conceptos. “La evolución de nuestra sociedad exige una respuesta cada vez más eficaz para abordar los retos que nos plantean las actitudes y manifestaciones existentes en contra del disfrute de los derechos humanos” explica el Ministerio en su informe. “Ante este tipo de conductas es necesaria una mayor protección a esos principios, valores y derechos universales porque el que los ataca busca no solo dañar a la víctima, sino también transmitir un mensaje de rechazo y amenaza a los individuos que forman parte del mismo grupo o colectivo que la víctima”.

Por este motivo, apunta el documento, el ordenamiento jurídico español “recoge penas más estrictas, al producir efectos más nocivos sobre la comunidad, así como vulnerar, principalmente, los principios de igualdad de derechos e igualdad ante la ley”. Desde 2012, Interior viene actuando con mayor incidencia contra este tipo de delincuencia. Esto se consolidó con la creación de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, en el año 2018. Este organismo se constituyó como enlace permanente con las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con este fenómeno delictivo, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En julio de 2020 se puso en marcha un nuevo protocolo policial que actualizaba otro de diciembre de 2015. Se introdujo una revisión integral de la actuación policial en todas sus fases ante la comisión de estos tipos delictivos, mediante la adaptación del contenido de las primeras diligencias del atestado policial para garantizar que queden evidenciados todos los indicios que permitan determinar la motivación y naturaleza de los hechos con objeto de su debida valoración por la autoridad judicial. Es decir, desde el primer momento se establece lo que puede ser valorado como un delito de odio, señalando como objetivo fundamental, el tratamiento sensible y profesional a las víctimas, garantizando su derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa sin discriminación de ningún tipo.

La cifra total de delitos e incidentes de odio registrada por las Fuerzas de Seguridad en España fue de 1.401 hechos. Esto supone una disminución del 17,9% en relación con 2019. Pese a esta bajada, sí ha habido aumento imporante en algunos ámbitos, como el de los ataques contra personas con discapacidad, la discriminación por razón de enfermedad, el antigitanismo o la discriminación por sexo y género y por edad. 

La mayor victimización se produce en los hombres, con un 59% de los casos. El grupo de edad que más sufre los delitos de odio es entre los 26 y 40 años, con un 34,3% de las denuncias. Los menores padecen el 2,9% del total de ataques de este tipo. Entre los principales hechos cometidos contra víctimas de ambos sexos se encuentran las amenazas y lesiones. La distribución de las víctimas según su nacionalidad refleja que en primer lugar se encuentran las de nacionalidad española con el 65,9% del total de victimizaciones registradas, siendo la cifra de víctimas extranjeras un 34,1%. Dentro del conjunto de estas últimas, las que contabilizan valores más elevados son las procedentes de Marruecos (9,2%).

Los autores de este tipo de delitos son casi siempre hombres (un 81,5% de los casos), mientras que el grupo de edad más numeroso entre los detenidos e investigados por ataques de odio es el comprendido entre los 26 y los 40 años, con más de un 30% del total de hechos. El informe hace también referencia al uso de las nuevas tecnologías de la información para cometer estos delitos. Mediante estos medios hubo 189 delitos de odio registrados, la mayoría de ellos cometidos a través de internet y las redes sociales. En este campo, los ilícitos más comunes fueron las amenazas.