El 15,79% de la contratación pública que se realiza en las entidades locales granadinas se hace mediante procedimiento negociado en base a datos de 2018. Es la segunda tasa más alta de España según el análisis de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), un organismo estatal creado a petición de Bruselas para vigilar los contratos públicos y combatir la corrupción.

Así, el primer informe de este organismo creado recientemente deja al descubierto a Granada, siendo uno de los territorios que saca un mayor porcentaje de licitaciones sin publicidad lo que resalta su opacidad frente a otros ayuntamientos y diputaciones que no utilizan apenas este procedimiento. Solamente, lo supera Pamplona (un 16,84%) aunque a su vez el territorio navarro que es el que más hace de todo el país por la fórmula de procedimiento abierto (73,68%).

Un apartado en el que el Granada también contrarresta sus niveles de opacidad al realizar el 53,95% mediante procedimiento abiertos. El hecho de que más de la mitad de contratos públicos los saquen a concurso con una adjudicación en la que todo el empresariado interesado puede presentar una proposición y en el que está prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores es el dato que rebaja el impacto de la otra cifra, ya que únicamente cuatro puntos de España superan el la tasa del 50% según el análisis de la Oirescon sobre las entidades locales.

A su vez, otro apartado en el que Granada también logra maquillar su transparencia es el de los contratos menores al ser una de las que menos realiza en todo el país. Las entidades locales utilizan esta fórmula en el 15,13% de sus contratos públicos, uno de los porcentajes más bajos del país en lo relativo a contratos menores, un procedimiento cuestionado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación al ser adjudicaciones que se otorgan directamente y evitan la competencia por lo que levantan sospechas de irregularidades.

Por otra parte, el estudio titulado Informe anual de la supervisión de la contratación pública de España, el primero de este tipo que fue publicado el año pasado, señala que el resto de la contratación que se hace en Granada se divide entre modificaciones (2,63%), prórrogas contractuales (10,53%) y otros (1,97%) sobresaliendo que ninguna adjudicación se hace mediante el procedimiento tipificado como encargos.

A nivel nacional, el análisis de la Oirescon se explaya sobre el déficit en contratación pública advirtiendo sobre cuestiones como que más de la mitad de adjudicaciones institucionales en España (el 52,9%) se hacen sin justificar el presupuesto de la licitación. Igualmente, critica el escaso uso de la contratación electrónica pese a la normativa vigente y hace hincapié en la necesidad de implantar un plan nacional para combatir la corrupción a pequeña y gran escala.