El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, se ha pronunciado hoy sobre la petición del fiscal de 17 años de inhabilitación para el exconcejal del PP Juan Antonio Fuentes por el caso TG7. "Más allá de esta propuesta de Fiscalía, a la que nos acogemos, ponemos en tela de juicio los 900.000 euros que supuso aquella actuación extraordinaria por parte de este concejal. 900.000 euros que al final repercutieron y siguen repercutiendo en las arcas municipales".

Según el socialista, "esto es lo que pasa cuando gobierna el PP en la ciudad, que las arcas municipales se resienten y acaba afectando al Ayuntamiento y a los bolsillos de la ciudadanía. Una situación que bajo ningún concepto se puede sostener y mantener en el tiempo cada vez que esté el PP gobernando en la ciudad".

Calvo ha detallado que con 900.000 euros, por ejemplo, "se paga el consumo eléctrico de todos los colegios de Granada o se pueden instalar hasta 2.000 farolas de luminarias led por toda la ciudad. En servicios sociales se pueden dar multitud de ayudas a familias necesitadas. O el servicio de ayuda a domicilio que son unos 500.000 euros anuales, o el albergue para personas sin hogar que son unos 400.000 euros. Da para mucho en la ciudad y este despilfarro al que nos tiene acostumbrado el PP es insostenible".

"Han sido 15 años de este gobierno de oscurantismo en el que no solo ha ocurrido esto. También pasó con Emucesa, Casa Agreda. Ha costado al Ayuntamiento 30 millones algunas decisiones jurídicas del PP. Un equipo en el que estaban ediles que siguen estando en la pomada política, estamos hablando de Marifrán Carazo, César Díaz o Rocío Díaz. Forman parte de ese equipo oscuro que tantas consecuencias negativas a nivel económico ha repercutido en la ciudad".

Y ante esto, ha defendido, "al PSOE no nos queda más remedio que intentar revertir esta situación. La vulnerabilidad de las arcas municipales es consecuencia de esta política insostenible por parte del PP, por eso los que están ahora en el grupo municipal y otros que están en otras administraciones lo que generan es desconfianza y por tanto denunciamos todo lo que tiene que ver con esas actuaciones, que a la espera de la sentencia, todos los indicios apuntan a que esta decisión finalmente tendrá una repercusión municipal a la que tendremos que hacer frente o no. Ya veremos los cauces para que esos 900.000 euros los pueda recuperar la ciudad y se puedan destinar a esos servicios que he enumerado tan importantes en la vida de Granada".